Estos son los estados que podrían tener presuntos delincuentes como candidatos, según el INE

A poco más de dos meses para el desarrollo de los comicios donde se elegirán más de 19 mil cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió los reportes de los estados donde los partidos políticos podrían postular a candidatos vinculados con algún tipo de delito.

Se trata de una estrategia del INE para impedir que políticos vinculados a alguno de los ocho delitos incluidos en el mecanismo “8 de 8 contra la violencia” sean votados el próximo dos de junio.

Por lo anterior, el INE envió solicitudes de información a los Tribunales Superiores de Justicia del país para conocer las situaciones jurídicas de los aspirantes; sin embargo, hasta el momento sólo cuentan con cinco respuestas.

Sin precisar los nombres de los aspirantes señalados, los tribunales de Michoacán, Durango y Querétaro informaron que entre sus listas de personas sentenciadas, coinciden los nombres de algunos precandidatos y candidatos políticos. Todos los casos detectados ya están en las manos del Consejo General del INE.

En espera de los demás estados, se confirmó que en Sonora y Guerrero ninguno de los aspirantes se encuentra en las listas del Tribunal Superior de Justicia por casos de violencia incluidos en la “8 de 8″.

Antes del arranque de las campañas políticas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo un llamado a todos los partidos para que no postularan a personas vinculadas con la delincuencia y que no acepten dinero del crimen organizado.

Conviene señalar que la “Ley 8 de 8 contra la delincuencia” implica la suspensión de derechos ciudadanos y la cancelación del registro de candidaturas federales a los actores políticos que tengan una sentencia en uno de los siguientes supuestos:

• Delitos contra la vida e integridad corporal
• Atentar contra la libertad y seguridad sexuales
• Violentar el normal desarrollo psicosexual
• Incurrir en violencia familiar
• Violencia familiar equiparada o doméstica
• Violación a la intimidad sexual
• Violación política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos
• Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa

A pesar de que se supone que los aspirantes a cargos públicos debieron cumplir con este requisito al momento de entregar su formato de registro ante las autoridades electorales competentes, el INE detectó irregularidades, motivo por el cual solicitó información a los tribunales estatales.

Entre los cargos que se votarán el próximo 2 de junio sobresalen la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y las elecciones legislativas (senadores y diputados); sin embargo, donde más se desató la violencia fue en el terreno local, contra los presidentes municipales, regidores y diputados locales.

Ante el riesgo de sufrir algún tipo de atentado, el INE y las autoridades crearon un mapa de riesgos y un protocolo de seguridad que se ofrecerá a los aspirantes que acrediten riesgos a su integridad a nivel bajo, medio y alto.

Pese a los esfuerzos, durante el proceso electoral suman ya 50 políticos asesinados, de ellos 26 eran aspirantes, y cerca de un centenar de precandidatos que ante las amenazas decidieron bajarse de la contienda, según reportes periodísticos y de organizaciones civiles como Data Cívica e Integralia.

Los estados más peligrosos durante el actual proceso electoral son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos; pero hay otras nueve entidades donde el riesgo se considera alto, entre ellas Guanajuato, Zacatecas y Estado de México, tres de los estados con más homicidios.