Niegan prisión domiciliaria a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos y señalado de atacar a los 43 normalistas

Un juez federal negó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Sidronio Casarrubias Salgado, alias El Chino, presunto líder de Guerreros Unidos y quien ordenó el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el diario Milenio, quien cita fuentes cercanas al caso, la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Duarte Cedillo no cambió la medida cautelar durante la audiencia al considerar que existe la posibilidad de darse a la fuga.

El Chino fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- como líder supremo de la organización criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

La solicitud de cambio de medida cautelar de Casarrubias tuvo lugar en una audiencia que finalizó en las primeras horas de este miércoles 1 de mayo, donde se argumentó que el acusado buscaba enfrentar su proceso penal desde una residencia en Metepec, Estado de México.

Sin embargo, las autoridades han establecido temores justificados de que pudiera evadir la justicia si se le otorgaba la prisión domiciliaria, manteniéndolo así en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La detención de Sidronio Casarrubias en octubre de 2014 reveló conexiones profundas entre la política local y el crimen organizado, tras lo cual, Casarrubias confesó los vínculos entre alcaldes y empresarios de Iguala, así como con autoridades de otros municipios con Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.

“El simple parentesco con Mario (Casarrubias) me hacía un objetivo de estos grupos”, expresó Casarrubias, según Milenio.

La confesión de Casarrubias no sólo iluminó sobre la estructura interna de Guerreros Unidos, fundado por Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, sino también sobre el conflicto latente entre varios cárteles en Guerrero.

El cártel se encontraba en una lucha territorial contra Los Rojos y La Familia Michoacana, lo cual pone de manifiesto la volátil situación de seguridad en la zona.

Particularmente inquietante fue la mención de Carlos Ahumada, un empresario de origen argentino, como socio de Johnny Hurtado Olascoaga, El Pescado, líder de la Familia Michoacana en la zona de Tierra Caliente, Guerrero.

La confirmación de estas conexiones y el rechazo a la prisión domiciliaria para Sidronio Casarrubias subraya la continuidad de las investigaciones y el enjuiciamiento de aquellos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El caso de Sidronio Casarrubias Salgado sigue siendo central en la comprensión de la dinámica del crimen organizado en México y su intersección con la política local. A medida que continúa su proceso judicial, el país y la comunidad internacional mantienen su atención sobre el desenlace de este caso y su impacto en la lucha contra la impunidad y por la justicia para los 43 normalistas desaparecidos.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) criticó el 15 de abril la decisión del juez Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, de otorgar el arresto domiciliario a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República.

Murillo Karam fue acusado por actos que obstaculizaron la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa en 2014. La medida, aprobada el 4 de abril por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es considerada un revés para los derechos de las víctimas y sus familias hacia la verdad y la justicia.

Este fallo judicial ha sido interpretado por la CoVAJ como un paso hacia la impunidad, al contrastar con los intentos prolongados de dilucidar lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Según el tribunal, Murillo tiene derecho a la prisión domiciliaria bajo supervisión específica. Esta situación suscitó una respuesta firme de la CoVAJ, prometiendo intensificar la colaboración con las familias afectadas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y otras entidades, en busca de justicia y verdad.