Más de 700 funcionarios presentan amparo contra Fondo de Pensiones del Bienestar

A días de la aprobación de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre los fondos de retiro de los trabajadores nacionales, más de 700 empleados del sector público del Gobierno Federal, apoyados por colegas del sector privado, presentaron una demanda de amparo contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Esta acción legal, coordinada por el bufet Trusan & Roma, Abogados, busca impugnar la reciente aprobación de la ley por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las dos cámaras del Congreso de la Unión. La principal preocupación expresada por los demandantes es el impacto negativo percibido en la gestión futura de sus recursos.

El socio del despacho, Rodolfo Martínez, ha sido vocal en destacar el descontento generalizado entre los trabajadores hacia esta nueva medida, misma que fue celebrada por el oficialismo al considerar que es un acto de justicia social contra la reforma de 1997 que se presentó en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y la de 2007 con Felipe Calderón Hinojosa.

A través de una declaración en redes sociales, Martínez enfatizó: “Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público (que) refleja la preocupación por cómo este fondo afectará la administración de sus recursos en el futuro”.

Los demandantes argumentaron que la formación del Fondo de Pensiones para el Bienestar representa una intromisión en su capacidad para decidir libremente sobre la administración de sus propias contribuciones pensionarias.

“(Los trabajadores) están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, señaló Martínez. Esta declaración subraya la inquietud de los trabajadores ante un cambio que perciben como arbitrario y potencialmente perjudicial para sus intereses a largo plazo.

El despacho Trusan & Roma, Abogados se ha comprometido a seguir adelante con este caso, promoviendo una defensa firme de los intereses de sus clientes.

El Gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), anunció el 30 de abril la promulgación de un decreto para establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual iniciará operaciones a partir del 1 de mayo.

Este nuevo mecanismo de apoyo social se financiará con recursos recuperados de cuentas de retiro no reclamadas, gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), destinadas a trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que no retiraron sus fondos al alcanzar los 65 años o cuyos herederos tampoco reclamaron dichos montos.

El procedimiento detalla que las Afores deberán transferir automáticamente los ahorros no reclamados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin la necesidad de una orden judicial, informando al IMSS el mismo día de la transferencia.

Se calcula que existen alrededor de 40 mil millones de pesos en estos ahorros no solicitados, fondos que ahora beneficiarán a los pensionados con ingresos iguales o inferiores a 16 mil 777.78 pesos, correspondiente al salario promedio mensual del año pasado.

Estas acciones pretenden asegurar que los beneficiarios reciban una pensión equivalente a su último salario registrado, con un estimado de 2.7 millones de trabajadores favorecidos para el año 2050.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había anticipado la implementación de esta medida durante un anuncio el 26 de abril, indicando que, aunque el decreto fue oficializado a finales de abril con motivo del Día del Trabajador, los beneficios palpables para los pensionados comenzarán a partir del 1 de julio.