Una reciente investigación publicada en el semanario Zeta Tijuana reveló cómo es que una facción del Cártel de Sinaloa, liderada por los hermanos Arzate García, controla a la industria pesquera en Baja California mediante amenazas y extorsiones.
La información obtenida por dicho medio expuso que el asedio del grupo criminal contra esta industria comenzó a finales de 2022. Una pescadería irregular en el fraccionamiento Acapulco, en Ensenada, fue el lugar que el cártel impuso como obligatorio para que los restauranteros compraran sus insumos.
Con el paso de los meses, la célula delictiva se expandió a otras zonas, como el Mercado Negro de la Zona Centro, y orquestó una red de reclutamientos forzados para apropiarse del negocio.
Declaraciones de Minerva Pérez Castro —titular de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) de Baja California— retomadas por Zeta Tijuana especifican las cantidades que la estructura delictiva cobra por la venta de cada producto.
A partir de múltiples denuncias, el organismo tuvo noticia de que el cártel cobra un dólar por kilogramo de almeja, 10 pesos por kilo de merluza y entre tres mil y cinco mil dólares por cada camión de almeja generosa del Pacífico.
Otros testimonios exponen que un intermediario del CDS, apodado como ‘El Porras’, cobra cinco pesos por cada kilogramo de camarón. Si se toma en cuenta que la venta diaria de este producto se calcula en 30 toneladas, esta cuota le genera al cártel ingresos de hasta 150 mil pesos cada día.
La red de extorsiones que el CDS implementó en el puerto bajacaliforniano abarca desde los lancheros hasta los dueños de restaurantes, pasando por los administradores de pescaderías.
Informantes anónimos narraron al citado medio que los pescadores y transportistas están obligados a venderle sus productos a los cabecillas del grupo delictivo, ya que el CDS es el único autorizado para vender los productos a restauranteros. En la fase final de la cadena, ofrecen los pescados y mariscos con un sobreprecio de entre el 5 y el 15%.
La única manera en que un cliente puede adquirir la mercancía con un proveedor alterno es que el cártel no la tenga a su disposición. Sólo así obtienen el permiso de conseguirlo en otro lado, aunque en estos casos se ven obligados a pagarle a los criminales una comisión.
Sumado a lo anterior, el semanario constató que a los vendedores de mariscos y pescados en la Zona Centro les impusieron una cuota de entre 30 mil y 60 mil pesos mensuales por cobro de piso. Además, les exigen los nombres de otras personas relacionadas con la industria para incrementar sus extorsiones.