Qué pasaría con la Suprema Corte en caso de que se apruebe el juicio político contra Norma Piña

Durante las primeras horas del día, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por presuntas irregularidades.

En una conferencia de prensa, el asesor de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la abogada habría incurrido en acciones inapropiadas como presunta manipulación indebida del proceso electoral, uso partidista de recursos judiciales, así como la intervención en asuntos electorales, por lo que también presentaría denuncias ante diferentes órganos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es la solicitud de juicio político, misma que podría dar un golpe para el Poder Judicial debido a que se trata no sólo de la presidenta de la Suprema Corte, sino que también tiene ese cargo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Antes de comenzar a analizar cuál sería el impacto nacional de una posible destitución de la ministra presidenta, es importante recordar que el proceso de juicio político en México se encuentra establecido en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Se trata de un procedimiento que se utiliza para sancionar a los servidores públicos por conductas o faltas graves en contra de las funciones públicas; este puede dirigirse contra funcionarios de alto nivel, incluidos el Presidente de la República, secretarios de Estado, miembros del Poder Judicial, gobernadores, entre otros.

El procedimiento para realizar un juicio político es el siguiente:

• Presentación de la denuncia: cualquier ciudadano o entidad puede presentar una denuncia ante la Cámara de Diputados, misma que debe estar fundamentada en causales específicas que habrían sido realizadas por el funcionario y que irían en contra de lo previsto en la ley.
• Admisión y procedencia: la Sección Instructora de la Cámara de Diputados examina la denuncia para determinar su admisión y procedencia. Si se considera que cumple con los requisitos, se procede al análisis y la sustanciación del caso.
• Desahogo de pruebas y defensa: durante esta etapa, se recaban todas las pruebas pertinentes y se garantiza el derecho de defensa del acusado. La Sección Instructora realiza todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
• Dictamen: una vez concluida la fase de instrucción, la sección emite un dictamen en el cual puede o no proceder a la sanción. Este dictamen se presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados.
• Votación en la Cámara de Diputados: para que el juicio político proceda, es necesario que al menos dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Diputados voten a favor del dictamen.
• Juicio en el Senado: si la Cámara de Diputados aprueba el procedimiento, el Senado actúa como jurado para llevar a cabo el juicio político. La Cámara Alta realiza el juicio y, basado en las pruebas presentadas, decide si sanciona o no al funcionario acusado.
• Resolución y sanciones: si el Senado encuentra culpable al servidor público, puede imponer distintas sanciones, incluyendo la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. La decisión del Senado es inapelable.

Tal como se mencionó en la descripción del proceso de juicio político, si la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo enfrenta, éste seguiría la mecánica general, ajustándose únicamente a las particularidades que implica el cargo dentro del Poder Judicial.

Durante el período en que se desarrolla el juicio político, la ministra presidenta podría ser separada temporalmente de sus funciones, dependiendo de la naturaleza de las acusaciones y del criterio de la Cámara de Diputados y del Senado.

Al interior del máximo tribunal en el país, en caso de ausencia temporal o definitiva de su presidente, el pleno de la Suprema Corte puede nombrar a un ministro interino para ocupar la presidencia mientras se resuelve la situación. Este nombramiento se haría siguiendo lo establecido en la ley orgánica y los reglamentos internos de la institución.

Si el juicio político culmina en una sanción que implique la destitución o la inhabilitación de la ministra presidenta, la Suprema Corte deberá proceder a elegir un nuevo presidente de entre sus miembros. Esta elección se realiza siguiendo los procedimientos internos de la Corte y debe reflejar el consenso o la mayoría necesaria entre los ministros.