Juez niega amparo a hermana de García Luna contra orden de aprehensión emitida por la FGR

Un juez federal ha denegado la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra en prisión en Estados Unidos, acusado y declarado culpable de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Con la determinación del juez, la Fiscalía General de la República (FGR), quien fue quien habría para proceder con su arresto.

Esperanza García Luna había buscado protección legal a través de un juicio de amparo iniciado en diciembre del 2023, ante el juez Agustín Archundia Ortiz del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco.

A principios de febrero, había obtenido una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, bajo la condición de pagar una fianza de 2,500 pesos. Sin embargo, recientemente, se ha negado la suspensión definitiva, lo que facilita su posible detención por las autoridades.

Esperanza ocupó el cargo de Policía Cibernética durante el mandato de Felipe Calderón. Tanto ella como su cuñada, Cristina Pereyra Gálvez, están siendo investigadas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la detención de Genaro García Luna en Dallas en diciembre de 2019. Esta detención fue ejecutada por la fiscalía federal de Nueva York, ante acusaciones de complicidad con el cártel de Sinaloa.

En mayo pasado, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) emitió órdenes de aprehensión contra 61 personas asociadas a una red de corrupción liderada por Genaro García Luna, que incluye a cinco miembros de su familia y socios en distintas empresas. 

Gloria García Luna, otra hermana, y Édgar Anuar Rodríguez García, su sobrino, ya han sido arrestados y enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Una semana antes de su detención, otro familiar directo, Oswaldo Luna Valderrábano, también fue vinculado a proceso por cargos similares. Las acusaciones giran en torno a la realización de triangulaciones financieras implicando a empresarios como Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron contratos no cumplidos.

En tanto, la defensa de Genaro García Luna, encontrado culpable en febrero de 2023, solicitó formalmente al juez Brian Cogan la reposición del juicio, argumentando insuficiencias en el proceso llevado a cabo, específicamente en lo relativo a los testimonios y pruebas presentadas por los fiscales.

La defensa, encabezada por César De Castro, argumenta que no existe evidencia concreta que demuestre que García Luna haya ofrecido dinero, protección o cualquier otro tipo de incentivo a cambio de falsos testimonios, como lo que argumentaron los fiscales durante el juicio en su contra.

Además, acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de obstruir el acceso a una defensa justa mediante la congelación de propiedades y restricciones en el uso del sistema financiero en México. Señalan que estas acciones han generado un ambiente adverso, limitando la disponibilidad de testigos clave y afectando así la posibilidad de un juicio justo.

De Castro también mencionó que la continuada mención de García Luna en las conferencias matutinas de López Obrador, que superan las 850 veces, ha contribuido a crear prejuicios contra su cliente. La defensa cuestiona la integridad de varios testimonios y la falta de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en aspectos que podrían favorecer a García Luna. Entre las irregularidades mencionadas se incluyen acusaciones no fundamentadas, evidencias no reveladas a la defensa y testimonios dudosos.

Los abogados de García Luna han solicitado más tiempo para preparar una respuesta detallada a nuevas acusaciones de soborno a reclusos en Nueva York, las cuales habrían buscado obtener testimonios favorables a su causa.

A pesar de estos esfuerzos por parte de la defensa para obtener una reposición del juicio, los fiscales mantienen su posición en contra, argumentando que las pruebas y los testimonios restantes sustentan el veredicto inicial.

Por su parte, el juez federal Brian Cogan aplazó la fecha de la sentencia del ex secretario de Seguridad Pública de México hasta el 24 de junio de este año.