Con cuánta antelación debe avisar el propietario de un piso al inquilino si no quiere renovar el contrato de alquiler

En España, la normativa que regula las condiciones bajo las cuales se puede realizar el arrendamiento de viviendas establece que el propietario de un piso debe comunicar su intención de no renovar el contrato de alquiler al inquilino con una antelación mínima. Esta medida busca equilibrar los derechos y obligaciones tanto del propietario como del inquilino, asegurando a este último un plazo razonable para buscar una nueva vivienda y organizar su mudanza sin precipitaciones.

La antelación con la que el propietario debe notificar al inquilino que no desea renovar el contrato de alquiler es de al menos 4 meses antes de la fecha de terminación del contrato en curso. Este plazo permite al inquilino tener el tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias respecto a su próxima vivienda. La regulación sobre esta materia se encuentra recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de España.

Concretamente, el artículo 9 de la LAU es el que establece los plazos con los que deben actuar tanto el arrendador como el arrendatario en caso de no querer renovar el contrato de alquiler al término del periodo obligatorio o de cualquiera de sus prórrogas. Según el artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de arrendamiento se prorrogará obligatoriamente para el propietario y facultativamente para el arrendatario por plazos anuales hasta un máximo de cinco años (siete si el arrendador es una persona jurídica), siempre que el arrendatario no manifieste al arrendador, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

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Por su parte, si es el arrendador quien decide no renovar el contrato, la misma ley, tras su última modificación, establece que debe notificar esta decisión al arrendatario con un mínimo de 4 meses de antelación a la fecha en que se vaya a terminar el contrato o la prórroga del mismo. Estos plazos son esenciales para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones de arrendamiento, ofreciendo tanto al arrendatario como al arrendador un marco claro para la planificación y toma de decisiones con respecto a la vivienda arrendada.

La LAU en España, incluye disposiciones específicas que permiten al propietario, bajo ciertas condiciones, recuperar la vivienda alquilada antes de la finalización del contrato de arrendamiento. Esta facultad se encuentra detallada en el artículo 9.3 de la LAU, el cual fue actualizado con la reforma legislativa llevada a cabo en 2019.

De acuerdo con esta normativa, el arrendador, siempre que sea una persona física, tiene la opción de rescindir el contrato de alquiler una vez haya transcurrido al menos un año desde la firma del mismo, en caso de que necesite la vivienda para su uso personal, el de sus padres, hijos o cónyuge. Para ejercer esta opción, es fundamental que tal posibilidad haya sido expresamente mencionada en el contrato de arrendamiento en el momento de su firma. Además, el propietario está obligado a comunicar esta decisión al inquilino con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha en la que requiera la vivienda.

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La ley establece una salvaguarda para proteger el derecho del inquilino en caso de que, una vez recuperada la vivienda, ni el arrendador ni los familiares para quienes se recuperó la propiedad la ocupen dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato, a menos que esta falta de ocupación se justifique por una causa de fuerza mayor. En tales circunstancias, el inquilino tiene derecho a ser repuesto en el arrendamiento bajo los mismos términos y condiciones o a recibir una indemnización, cuyo monto se determinará conforme a lo establecido en la normativa aplicable.