Ejército colombiano respondió señalamientos de muerte de menores en ataque contra las disidencias de las Farc: se utilizó un avión fantasma

En una operación reciente en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre un ataque contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, en el que resultaron muertos quince presuntos integrantes y al menos una docena quedó herida. Este grupo, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, ha sido vinculado a actividades de narcotráfico en la región.

El ataque, realizado por el Ejército Nacional con artillería pesada, tuvo lugar específicamente en una localidad conocida como La Hacienda. Previamente, se verificó la ausencia de menores de edad y civiles en el campamento objetivo, asegurando así la minimización de daños colaterales. Las operaciones de identificación de las víctimas están en curso y, simultáneamente, se ha incrementado la seguridad en el área para prevenir posibles represalias por parte del EMC.

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La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desempeñó un papel crucial en la localización y monitoreo previo del grupo, gracias al despliegue de una aeronave fantasma equipada con tecnología avanzada para la recolección de inteligencia.

Durante aproximadamente un mes, este avión llevó a cabo la vigilancia de la zona, aprovechando sensores térmicos y visión nocturna para documentar las operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos y el movimiento de sustancias químicas entre el Cañón de Micay y El Plateado.

Esta acción militar contra las disidencias de las FARC refleja la continua estrategia de las fuerzas del orden colombianas para combatir el narcotráfico y la violencia generada por grupos armados ilegales que operan en el país.

El conflicto en estas áreas no solo afecta la seguridad nacional, sino también la vida y bienestar de las comunidades locales, siendo un tema de interés para la seguridad regional en América Latina.

En un operativo realizado durante la madrugada del 24 de abril en la carretera Bogotá-Villavicencio, efectivos de la Policía de Tránsito y Transporte intervinieron un vehículo tipo van, logrando la recuperación de tres menores de edad.

Estos jóvenes, oriundos del Cauca, se encontraban en compañía de un adulto y bajo circunstancias que sugieren un posible reclutamiento por parte de grupos armados ilegales en la región. El destino inmediato de los menores era el departamento de Guaviare, según informaciones preliminares reveladas por la institución policial.

La intervención policial se produjo específicamente en el acceso del peaje Pipiral, donde los agentes detuvieron el vehículo para una inspección rutinaria. El hallazgo suscitó preocupaciones sobre el reclutamiento forzado de menores, una práctica prohibida y condenada por el derecho internacional humanitario.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) fue notificado para iniciar el proceso de restitución de los derechos de los adolescentes involucrados. Añadido a esto, el adulto presente con los menores quedó bajo custodia policial para enfrentar acciones judiciales pertinentes.

Esta situación se relaciona con denuncias previas por parte de entidades locales e internacionales, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el reclutamiento de jóvenes por grupos insurgentes, tales como el liderado por Iván Mordisco.

Ambas organizaciones han destacado el impacto negativo de esta práctica en las comunidades vulnerables, en especial en poblaciones indígenas. El relator especial de la ONU sobre derechos de pueblos étnicos, José Francisco Cali Tzay, ha resaltado que el reclutamiento forzoso de menores constituye una violación grave a los derechos humanos fundamentales.

Los métodos de reclutamiento, según informaciones de estos organismos, incluyen engaños y falsas promesas de empleo a través de plataformas digitales como TikTok, capitalizando en la vulnerabilidad económica y social de las poblaciones jóvenes. La recuperación de estos tres menores podría representar solo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia que afecta a varias regiones de Colombia, evidenciando la urgencia de abordar y prevenir el reclutamiento ilegal de menores en el país.