Por qué el dinero de los impuestos se perdería por los casos corrupción y las reformas del Gobierno Petro

Las denuncias hechas por el exsubdirector la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Seneyder Padilla sobre corrupción en la entidad indican que con el presupuesto de esta se habrían pagado $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para agilizar las reformas legislativas del Gobierno de Gustavo Petro que se impulsan el Congreso de la República.

Estas acusaciones son muy graves para el país y, por eso, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Rodolfo Correa, tomó una decisión que sería crucial para el sector.

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El líder anunció que convocó para el 6 de mayo una reunión de junta extraordinaria del gremio para proponerle a esta en pleno que desde el empresariado se le solicite al Gobierno y al Congreso que se suspenda de manera inmediata el trámite de las reformas legislativas que actualmente avanzan. Según Correa, esto sería hasta tanto se aclare si es cierto, o no, lo que se está denunciando, debido a que reformas como estas no pueden tener la duda hacer el fruto de la corrupción y la descomposición ética de la clase política.

“La reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral afectan directamente al micro pequeño y empresario. Este sector no ha sido escuchado ni tenido en cuenta durante su trámite”, señaló.

También insistió en que un hecho como este es cuestionable para cualquier gobierno, sin importar su ideología, y el deber del gremio es exigir que las reformas legislativas, que afectan al sector empresarial, se adelanten con absoluta transparencia y respeto por la ley,

Asimismo, dejó claro que la lucha contra la corrupción fue una bandera del presidente Petro y es hora de demostrar si hay o no coherencia con esa bandera.

“Al país, simplemente, enviarle un mensaje más allá de las ideologías y solo queremos decirle y recordarle que cuando una sociedad no enfrenta con firmeza la corrupción, implícitamente, la está apoyando”, finalizó el presidente ejecutivo de Acopi, Rodolfo Correa.

Pese a la insistencia de varios sectores de aplazar los debates de las reformas, el presidente Petro aseguró que hacerlo sería tumbar la pensional, que ya surtió trámite en el Senado y ahora espera por dos discusiones más en la Cámara de Representantes. Como se recordará, esta debe ser tramitada antes del 20 de junio. Si no se hace, se hundirá.

Frente a lo declarado por Petro, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, criticó la posición del mandatario. Recordó que todos los colombianos se esfuerzan por pagar impuestos para que el Estado atienda con esos recursos, que son sagrados, las necesidades básicas insatisfechas de miles de compatriotas.

Señaló que la pobre ejecución del Gobierno (cercana en 2023 al 30% en materia de inversión) y los escándalos de corrupción como el de los carrotanques en La Gurajira (se compraron 40 doble troque automáticos para suministrar con 16.000 litros de agua al departamento. Sin embargo, estos nunca sirvieron a este sector del país y se conoció que los mismos fueron adquiridos con sobrecostos por $20.000 millones), impiden que estos dineros lleguen a los colombianos más pobres.

Ante esto, Cabal pidió ponerle ojo a lo siguiente:

• La reforma pensional y la reforma a la salud brindarían más libertad al Gobierno para manejar recursos de los colombianos, por más de $500 billones.
• La reforma a los topes de los avalúos catastrales permitiría aumentos de hasta 300% en el pago de prediales.
• La reforma laboral sería una carga adicional cercana al 30% de los costos laborales de las empresas y destruiría en promedio 450.000 empleos.
• Proponen romper la regla fiscal y endeudarse más, o hacer una nueva reforma tributaria, ¿Para qué? Si los recursos de los colombianos se escabullen en la corrupción.

“No es lógico, desde ningún punto de vista, seguir el trámite de reformas inconvenientes y sobre las que, además, se cierne una sombra de duda sin resolver, que cuestiona la transparencia del proceso legislativo”, anotó el dirigente.

Anotó Jaime Cabal que la falta de ejecución, más cargas a las empresas, la falta de confianza en las inversiones y los serios cuestionamientos en el manejo de los recursos públicos, hacen que cada día sea más difícil emprender o hacer empresa y generar o mantener empleos de calidad.