Congreso da luz verde a medida que permite a víctimas bloquear líneas utilizadas en extorsiones

El Congreso de la República, a través de su Comisión de Transportes y Comunicaciones, ha dado luz verde a un importante mecanismo legal destinado al combate de la extorsión vía telefónica.

Con el voto a favor unánime, los proyectos de ley 6832/2023 y 7410/2023 permitirán a cualquier individuo afectado por extorsiones telefónicas solicitar el bloqueo inmediato de las líneas telefónicas implicadas en dichos delitos.

Asimismo, la medida se complementa con la obligación para los operadores de servicios móviles de acatar estas solicitudes en un plazo no mayor a 72 horas, siempre que exista una confirmación por parte de la Policía Nacional del Perú.

El impulsor de una de estas iniciativas, el congresista Diego Bazán (Avanza País) destacó la importancia de este avance legal, subrayando cómo esta herramienta brindará un recurso directo a las víctimas para cortar de raíz la comunicación con sus extorsionadores.

En la misma línea, el presidente de la Comisión, Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso), durante el evento en el departamento de La Libertad, puso de manifiesto la relevancia de adaptar las leyes a las nuevas realidades delictivas que afectan a la población.

Durante el primer trimestre del 2024, la PNP registró un alarmante incremento en las denuncias por extorsiones, superando las 5.000 incidencias. Si la tendencia persiste, la PNP proyecta cerrar el año con más de 20 mil 000 hechos denunciados.

Este número representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2023. La escalada en el número de casos involucra a una amplia gama de víctimas, incluyendo instituciones educativas y figuras públicas.

De acuerdo a un informe de este medio, específicamente, se han reportado amenazas con explosivos contra 16 colegios en Trujillo y un caso de tentativa de extorsión a un sacerdote en Ferreñafe, Lambayeque.

A su vez, el secuestro y asesinato de un empresario minero en Trujillo, solicitando un rescate de 10 millones de dólares.

En el marco de esta problemática, Lima destaca como el foco más crítico, acumulando la mayoría de denuncias, seguido por severos incrementos en regiones como Cajamarca, donde las extorsiones se han incrementado en 179% respecto al año anterior.

Otras regiones afectadas incluyen Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Callao, y Áncash, resaltando un patrón nacional de inseguridad.

Por ejemplo, en La Libertad, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, declaró a Infobae Perú que la implementación del estado de emergencia en la ciudad ha dado resultados positivos en la lucha contra la criminalidad con el incremento de la presencia policial.

Sin embargo, advirtió que este progreso podría ser temporal si no se acompañan estas medidas de otras acciones sostenidas en el tiempo. Pues, una vez concluido los estados de emergencia, los niveles de criminalidad pueden experimentar repuntes en caso no se establezcan estrategias a largo plazo.