Ayuso pagará 40 millones por los buses escolares: el 28% no llevará monitor y el 55% no estará adaptado para alumnos con movilidad reducida

El curso académico 2023-2024 está a punto de finalizar y al Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso no quiere que le pille el toro. Por eso, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está licitando en estas semanas un nuevo contrato para “el servicio de transporte regular de uso especial de alumnos escolarizados en centros docentes públicos no universitarios” para los tres próximos cursos: 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027. La Comunidad de Madrid está dispuesta a pagar 40 millones de euros para que las empresas que se presenten y resulten adjudicatarias realicen 290 rutas por toda la región.

Según el pliego de condiciones técnicas que rige este contrato, en 82 de las 290 rutas (el 28%) no es necesario que los alumnos vayan acompañados de un monitor. En otras 161 rutas (el 55%) no se exige que el vehículo esté adaptado para alumnos con movilidad reducida. Los que sí lo estén deberán contar con “plataforma elevadora (no rampa) y dispositivos de anclaje que permitan tanto el acceso al autobús como su permanencia en el mismo durante el trayecto con total seguridad”. Todos los vehículos, independientemente de la fecha de matriculación, tendrán que tener incorporados cinturones de seguridad en todos los asientos.

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Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, asegura que el transporte escolar no parece una “prioridad” en la política educativa del Gobierno de Ayuso. “En los últimos Consejos Escolares, órganos consultivos, se han aprobado medidas para que el mayor número posible de autobuses que hacen estas rutas tengan puntos de anclaje para los alumnos con problemas de movilidad. Pero queda mucho por hacer”. A los padres también les preocupan otras medidas de seguridad: “no sé por qué se exige que un taxi tenga un máximo de diez años de antigüedad para circular y un bus con niños pueda hacerlo con más años”, señala Morillas. En algunas circunstancias, se permite que el vehículo circule hasta los 16 años.

Durante el vigente curso que está a punto de finalizar, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a inspeccionar 800 vehículos de transporte escolar entre los más de 3.000 autobuses que cubren las rutas a los centros educativos. La normativa establece que será obligatoria la presencia de un acompañante cuando se trata del traslado de alumnos de centros de educación especial o cuando el 50% o más de los viajeros sea menor de 12 años, o el 75% o más esté por debajo de los 16. El monitor debe ser una persona mayor de edad, distinta del conductor, que se encargue del cuidado de los niños durante su transporte y que conozca los mecanismos de seguridad y las operaciones de acceso y abandono del vehículo.

“Esto no siempre es así. Es importante que los monitores que van en los autobuses tengan mayor estabilidad laboral, ya que la temporalidad es alta. Y cuenten con una formación adecuada”, señala Morillas, que recuerda el reciente suceso en un vehículo que hacía la ruta al colegio Alfonso X el Sabio de Leganés, cuando un alumno autista de 11 años fue olvidado en el autobús tras quedarse dormido en la parte trasera. Cuando se despertó estaba encerrado en las cocheras de Alcorcón. Empezó a tocar el claxon y un trabajador le ayudó a salir, pero se desentendió de él. Seis horas después fue encontrado por la Policía de Alcorcón a diez kilómetros de su colegio. La Comunidad de Madrid abrió un expediente al centro educativo y a la empresa de transporte Puesta del Sol que realizaba la ruta.

Esteban Álvarez, diputado socialista y portavoz de educación en la Asamblea de Madrid, también cree que la falta de monitor en algunas rutas es “un problema de primer orden”. Álvarez asegura que la normativa no se cumple, ya que él ha sido director 16 años en un instituto del municipio madrileño de Soto del Real y el 100% de los alumnos que iban en las rutas que había eran menores de 16 años y lo hacían sin monitor. “Esto en la escuela concertada no pasa. Todos los buses van con acompañante”. El grupo socialista está preparando una Proposición No de Ley (PNL) para que los estudiantes de Bachillerato que cursan estudios en pueblos mal comunicados en transporte público puedan optar a rutas escolares para ahorrar tiempo. Actualmente, los alumnos de Bachillerato no pueden optar al transporte escolar.

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El contrato que se está licitando se podrá renovar dos cursos más, por lo que el coste podría llegar a los 67 millones de euros (IVA incluido). Actualmente, el transporte escolar es gratuito para aquellos alumnos que lo solicitan, un servicio del que se benefician unos 22.000 alumnos, según datos de la Consejería de Educación. La Comunidad también concede ayudas para compensar los gastos que supone a los alumnos el desplazamiento por sus propios medios a su centro docente en caso de que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar contratadas. Este curso se han otorgado 711 ayudas por valor de 286.719,77 euros, una media de 403 euros por estudiante.