María José Pizarro señala que de ser llamada por la Corte Suprema atenderá su requerimiento

Se indaga a 20 senadores del Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral

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IMAGEN DE REFERENCIA: María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico | crédito Colprensa
IMAGEN DE REFERENCIA: María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico | crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una indagación a los 20 senadores del Pacto Histórico para determinar posibles irregularidades en la financiación de la campaña para las elecciones legislativas del 2022.

La senadora María José Pizarro calificó este proceso como antiguo y afirmó que quienes encabezaban los partidos que conforman la coalición en ese momento deben asumir la responsabilidad, de acuerdo con información de la emisora colombiana RCN Radio.

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Pizarro declaró la disposición del grupo para comparecer ante el alto tribunal cuando sea requerido. “Sin temor alguno, estaremos cumpliendo con los requerimientos judiciales”, afirmó.

Aseguró que los recursos destinados a los candidatos al Senado fueron distribuidos de manera equitativa entre todos los aspirantes de la lista.

“Este proceso está en marcha desde octubre, incluso antes. Se emitió un comunicado en su momento por parte del Pacto Histórico y nos ceñiremos a eso”, señaló.

Pizarro explicó que los gastos de la campaña fueron distribuidos entre todos los candidatos según un sistema de prorrateo, y que la gestión de estos asuntos corresponde a la gerencia y a los presidentes de los partidos políticos.

Subrayó que la investigación debe seguir su curso y que los abogados, junto con los representantes de cada partido, serán quienes enfrenten esta situación ante la Corte Suprema de Justicia.

“En este momento no hay certezas. Esta es una indagación que debe desarrollarse, y serán los abogados, el gerente de campaña y los presidentes de los partidos quienes la afronten”, concluyó la senadora María José Pizarro.

Los miembros del Pacto Histórico acordaron no hacer declaraciones sustanciales, optando por esperar a que la Corte Suprema de Justicia realice su labor de investigación y brinde a los legisladores todas las garantías procesales.

Indagación de la Corte Suprema de Justicia

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de la fachada de la sede del Palacio de Justicia en donde funciona la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de la fachada de la sede del Palacio de Justicia en donde funciona la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González

Esta indagación es por las supuestas anomalías que se presentaron en la financiación de las campañas de los veinte candidatos que actualmente son parte del Congreso de la República. El objetivo de la investigación es determinar si hay alguna relación con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI).

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La investigación llevada a cabo por la Corte Suprema no se circunscribe únicamente a las campañas dirigidas hacia el Congreso, sino que, asimismo, abarca la campaña presidencial de Petro. Está en proceso de examinar cualquier irregularidad potencial en la financiación que pudiera tener vínculos con los senadores del Pacto Histórico.

La indagación llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia incluye a la totalidad de los senadores vinculados con el Pacto Histórico, sumando un total de 20 legisladores. La Sala de Instrucción está dedicada a examinar minuciosamente cualquier posible anomalía que se haya podido presentar en el curso de la financiación de sus campañas políticas individuales.

En relación con este tema revista Semana aseguró que fuentes vinculadas con el alto tribunal les informaron que el foco de la investigación recae en el análisis de los informes de ingresos y egresos de campaña que cada congresista presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es en estos documentos donde se presume que se habrían identificado las supuestas irregularidades.

Y es que, con respecto al caso de SADI antes mencionado, hace algunos días, la revista Semana obtuvo información sobre la colaboración propuesta por los implicados en este escándalo mediante un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo preliminar que ha quedado olvidado en una oficina de la entidad acusadora. Se elaboró un documento de colaboración y los firmantes están dispuestos a declarar, a aportar pruebas y asistir al proceso judicial.