Casi el 90% de los colombianos quiere seguir eligiendo dónde cotizar su pensión, según estudio de la Andi

La preocupación por la administración de los ahorros pensionales en Colombia ha sido puesta de manifiesto por un reciente estudio de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), junto al Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Según esta investigación, realizada en 85 municipios del país y que contó con la participación de aproximadamente 2.800 personas, un contundente 72% de los consultados prefiere que sus ahorros destinados para la pensión sean gestionados por expertos en el ámbito privado y no por entidades gubernamentales, como Colpensiones. Este dato se convierte en el epicentro de un debate que se intensifica mientras el Congreso de la República discute una nueva reforma pensional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Dentro del mismo estudio, se descubre una realidad alarmante sobre el deseo de los colombianos de mantener el control y la seguridad sobre sus fondos para la vejez. “El 97% de los encuestados desea que, en caso de fallecimiento, su ahorro pensional pueda ser heredado a sus familiares”, lo cual refleja la importancia que tiene para los ciudadanos la protección y la transferencia de su patrimonio a generaciones futuras.

Al indagar sobre cómo prefieren que se manejen sus ahorros, el 74% de los participantes expresó su voluntad de que estos recursos se destinen íntegramente para garantizar y pagar su pensión. Más aún, un abrumador 87% subrayó el deseo de contar con el derecho a elegir dónde ahorrar para su jubilación, poniendo en evidencia una clara demanda por opciones diversificadas y por la autonomía en la toma de decisiones financieras relevantes para su futuro.

Los resultados también arrojaron luz sobre las preferencias en cuanto al monto de ahorro destinado para la pensión. Casi la mitad de los encuestados, el 49%, manifestó su interés en que todo su ahorro sea utilizado para el pago de la pensión. Por otro lado, un 46% se mostró de acuerdo con establecer un umbral, de los cuales el 24% indicó su preferencia porque este umbral sea de 1 salario mínimo mensual legal vigente.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha elevado críticas contundentes sobre lo que percibe como limitaciones significativas a los derechos de los trabajadores colombianos derivadas de la propuesta. Según Mac Master, el proyecto de ley no solo restringiría la capacidad de elección de los trabajadores respecto a dónde dirigir sus pensiones, sino que además redirigiría una parte sustancial de sus ahorros hacia el soporte del pilar solidario, responsabilidad que, argumenta, recae en el Estado.

El dirigente industrial destacó su preocupación al considerar que “el problema no es el umbral, el problema es que esa versión de la reforma pensional le quita a los trabajadores toda posibilidad de elegir dónde llevar su pensión”, un aspecto que probablemente encenderá el debate público y la discusión en los círculos políticos y sociales. Además, subrayó que “utiliza una muy buena parte de sus cotizaciones, de sus ahorros y los lleva a cumplir una función que es la función del Estado”, criticando la transferencia de responsabilidades financieras del sector público al individual.

A su vez, Mac Master llamó la atención sobre el impacto que tal propuesta tendría sobre el ahorro nacional, introduciendo incertidumbre sobre el manejo y administración de estos recursos una vez sean desviados de las cuentas personales de ahorro pensional hacia las arcas del Estado. La idea de que estos fondos podrían ser destinados a “papeles del Estado, o son papeles del Tesoro” genera dudas importantes sobre la sostenibilidad y eficacia de la reforma propuesta.

La crítica no queda ahí. La opinión pública parece resonar con las preocupaciones planteadas por la Andi, especialmente en lo que respecta a la propuesta de otorgamiento de subsidios a adultos mayores de 65 años con recursos estatales. Cifras recientes indican que cerca del 90% de los encuestados manifiesta desacuerdo con esta medida, lo que refleja una resistencia considerable por parte de la ciudadanía frente a cambios radicales en la gestión de los fondos pensionales.

Mac Master concluyó su intervención enfatizando que “adicionalmente se lleva una muy buena parte del ahorro nacional”, marcando una línea clara en el debate sobre hasta qué punto el Estado debería intervenir en la gestión de los ahorros pensionales de los trabajadores. Estas declaraciones dejan entrever un futuro de intensas discusiones en torno a la reforma pensional en Colombia, donde los aspectos financieros, los derechos de los trabajadores y las responsabilidades estatales hacia los sectores más vulnerables se encuentran en juego.

Este escenario plantea un desafío para los políticos y legisladores colombianos, quienes deberán navegar las turbulentas aguas de la reforma pensional buscando equilibrar las necesidades de sostenibilidad fiscal con la protección de los derechos laborales y la seguridad social de sus ciudadanos.