Motonetas, el vehículo favorito de los asaltantes en el Estado de México

En el Valle de Toluca, Estado de México, se ha identificado un aumento en los delitos cometidos por delincuentes que operan solos o en pareja abordo de motocicletas, también conocidas como motoneta, para ejecutar robos o extorsiones en las calles de la entidad.

Según las autoridades, el 70% de crímenes tales como robos y asesinatos serían perpetrados con la ayuda de estos vehículos, aunque este número podría ser mayor debido a un incremento en la cifra negra provocado por la falta de denuncias de las víctimas quienes, en diversas ocasiones, argumentan la falta de seguimiento por parte de las autoridades, las restricciones que hay para obtener material audiovisual al momento de identificar a los agresores y a las penas tan bajas que se le da a los delincuentes.

En ese sentido, Myriam Cárdenas, legisladora del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha señalado la complejidad de abordar este fenómeno dada la escasez de información disponible para las autoridades, resultado directo de la ausencia de denuncias por parte de las víctimas.

La diputada subraya que una amplia gama de delitos, incluyendo narcotráfico, homicidios y contrabando de sustancias ilegales, se facilitan mediante el uso de motocicletas ya que se trata de un vehículo rápido, compacto y barato para el bolsillo de cualquier persona.

“De acuerdo con las fuentes de la pública del Estado de México, así como las de México en el 70 por ciento de los ilícitos cometidos en sus demarcaciones como asesinatos, robos a comerciantes y unidades del servicio del transporte público de pasajeros, así como de carga, son perpetrados por sujetos en motocicletas”, mencionó.

Además, este transporte le permite al asaltante realizar su delito de manera sola o acompañada, siendo los teléfonos celulares uno de los artículos más deseados por los amantes de lo ajeno, situación que genera ansiedad en la población ya que gran parte de los mexicanos conserva información importante en estos dispositivos.

Las víctimas de estos crímenes, además de sufrir las pérdidas materiales, enfrentan consecuencias psicológicas a largo plazo derivadas del miedo a ser asaltados nuevamente. Gran parte de los afectados coincide en que no solo se trata de la pérdida económica, sino el potencial riesgo para su seguridad personal y la de su familia debido a la información contenida en su teléfono móvil, que fue robado, por lo que es importante estar atentos ante estos sujetos.

Esta situación es facilitada por la facilidad para adquirir motocicletas, las cuales están disponibles en tiendas de autoservicio y plataformas en línea a precios accesibles, desde los 7 mil pesos. Esta accesibilidad plantea desafíos adicionales para las autoridades, según Odilón López Nava, Delegado de la Cámara Nacional del Pasaje, Autotransporte y Turismo (Canapat), quien resalta la urgencia de implementar medidas más estrictas para el control y registro de estos vehículos, en un esfuerzo por combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

“Hoy en día es un instrumento, una herramienta que le ha permitido al delincuente llegar con mayor agresividad, mayor violencia a cometer sus ilícitos. Es muy difícil las acciones de las policías para detenerlos y también a la víctima, como también le caes de sorpresa, también es más complicado obtener ciertos datos de ellos”, explicó.

La facilidad con la que los delincuentes pueden obtener y utilizar motocicletas complica significativamente los esfuerzos de las autoridades por detenerlos. Además, los delincuentes aprovechan el elemento sorpresa contra sus víctimas, dificultando aún más la recopilación de información crucial que podría llevar a su captura. En este contexto, López Nava aboga por una revisión de las sanciones aplicadas a quienes cometan delitos utilizando motocicletas, así como por una mayor cooperación interinstitucional para mejorar el registro y seguimiento de estos vehículos.

En suma, el desafío que representan los “motorratones” en el Valle de Toluca exige una respuesta coordinada y multifacética que involucre no solo a las fuerzas del orden, sino también a la sociedad en su conjunto, promoviendo la denuncia para arrojar luz sobre la verdadera magnitud de este problema y permitir una acción efectiva contra esta modalidad de delito.