Embargaron a un centro de salud por error: ahora no les pueden pagar a los trabajadores

Trabajadores del hospital San Pedro y San Pablo en La Virginia han levantado la voz tras enfrentar un retraso de dos meses en sus pagos, atribuido a un problema con las cuentas bancarias del centro de salud a raíz de un proceso legal en curso.

Juan Carlos Marín Gómez, gerente del hospital, explicó a RCN radio que una orden de embargo emitida por un juez ha retenido 1.700 millones de pesos de las cuentas del hospital, destinados a salarios y otros compromisos. Sin embargo, en 2018 la Procuraduría General de la Nación aclaró que no se puede hacer este procedimiento a un centro de salud. A pesar de que se reconoció el error judicial y se solicitó el desembargo, aún no se ha completado el proceso con el banco.

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“Desafortunadamente nos entró una orden de unos juzgados de Pereira, donde nos embargan las cuentas del hospital desde antes de la Semana Santa (...) el señor juez olvidó que las cuentas de los hospitales públicos son inembargables y existe un abogado que está reclamando un pago a través de una sentencia”, señaló Gómez al medio referido.

El retraso en los pagos afecta a alrededor de cien personas contratadas a través de una empresa temporal, quienes llevan dos meses sin recibir ingresos. Aunque se espera que la situación se resuelva pronto y los salarios pendientes se paguen a tiempo, la incertidumbre persiste entre los trabajadores.

Desde hace seis años el Ministerio Público exhortó a los jueces de abstenerse de ordenar embargos sobre los recursos del sistema de salud, enfatizando que estos recursos son inembargables y necesarios para garantizar la prestación oportuna y eficaz de los servicios de salud a los ciudadanos.

Mediante la circular 014 emitida el 8 de junio de 2018 y firmada por el procurador (e) del momento, Juan Carlos Cortés, se establece que embargar los recursos destinados a la salud viola la legislación colombiana. Según el documento, estas acciones afectan significativamente tanto el patrimonio público como el orden económico y social del Estado, así como la prestación de un servicio que, por conexidad, terminaría en la violación al derecho fundamental de la vida.

Asimismo, la entidad aclaró que, aunque las cuentas maestras que reciben las cotizaciones mensuales de los afiliados al sistema de salud están registradas a nombre de las EPS en diferentes bancos del país, estas no forman parte del patrimonio de las EPS, sino que pertenecen directamente al sistema de salud.

Esta advertencia del Ministerio Público surgió en respuesta al llamado de atención realizado por la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres), quien alertó sobre el aumento de los embargos a las cuentas de salud por órdenes judiciales que buscaban resolver demandas relacionadas con demoras en los pagos de las obligaciones de las EPS o IPS con sus proveedores de servicios.

La situación de los centros de salud en ese departamento del eje cafetero no es la mejor. En septiembre de 2023, un auto de oficio del Ministerio de Salud le solicitaba a la Gobernación de Risaralda devolver alrededor de 150.000 millones de pesos destinados para la construcción de un hospital regional de cuarto nivel. Según lo informado hasta el momento, estos recursos serían regresados al tesoro nacional y estarían disponibles nuevamente para el proyecto en una etapa más avanzada.

Sin embargo, existe inquietud en la región sobre la garantía de que los fondos estén disponibles cuando sea necesario y el proyecto, que ya está en construcción, no se vea afectado. Piedad Jiménez, gerente del proyecto, reveló a El Tiempo en ese momento que la primera comunicación al respecto llegó en marzo del mismo año y se reiteró a inicios de septiembre.