Pidieron frenar la construcción de la feria La Gran Dulce: está sobre un gasoducto y su funcionamiento sería riesgoso

La Gran Dulce S.A.S es una ignota firma creada en 2019. Con un capital inicial de apenas $25.000, construye en el predio de la Corporación del Mercado Central una mega feria que pretende competir con La Salada, la reina de la informalidad. Tendrá dos mil puestos, patio de comidas, de juegos, estacionamiento, banco, casa de cambio y una financiera. La inversión reconocida es de 700 millones de pesos. Pero el monto sería varias veces superior. Ocupa una superficie de 73.523,70 metros cuadrados, de los cuales 46.198, están cubiertos. Lo grave de esta situación ya no son las posibles ventas en negro, el presunto blanqueo de dinero o los “verdaderos dueños” del emprendimiento que estarían detrás de esa Sociedad de Acciones Simplificadas, sino que parte de esa estructura fue construida sobre el gasoducto que alimenta al Mercado Central.

Infobae tuvo acceso exclusivo a documentación judicial y del Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargas), a cargo de Osvaldo Felipe Pitrau, en la que se afirma que la construcción de la feria, o parte de ella, “se ubica sobre la traza del Gasoducto”, que alimenta a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, por el cual transitan cientos de miles de personas por día, lo cual “implicaría un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas”.

Así se desprende de la “Medida Cautelar Genérica”, que el interventor Pitrau presentó a mediados de mayo ante la justicia federal de San Martín.

El juzgado de primera instancia tomó como propios los argumentos del Enargas al pedir “el cese inmediato de las obras, actividades y construcciones y el cese a futuro de toda actividad que implique un peligro para la seguridad pública”.

La empresa, a través de quien se presenta como su dueño, Rubén Eduardo Gómez, que ante los tribunales dijo ser el “apoderado de la Gran Dulce S.A.S.”, apeló la medida ante la Cámara de Apelación Federal de San Martín el 5 de junio pasado. Casi cinco meses después, y a pesar de la urgencia y los peligros invocados, aún no resolvieron la situación. Al no estar firme la resolución, las obras continúan y ya anunciaron una “gran inauguración” para el 1° de diciembre. No hay que perder las ventas del mes navideño.

El enorme predio que se construye sobre un gasoducto fue autorizado por la dirección de la Corporación del Mercado Central, un órgano estatal tripartito conformado por representantes del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí nada se hace o se deja de hacer sin la firma de los directores que responden políticamente a esos gobiernos: Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La idea original del proyecto se delineó cuando en la Casa Rosada mandaba Mauricio Macri y en territorio bonaerense María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta fue el único reelecto.

El Ente Nacional de Regulador del Gas alertó a la justicia sobre los peligros que implica la construcción del gigantesco emprendimiento construido “a partir de bloques de hormigón prefabricado tipo ‘lego’ con estructura de perfiles y chapa galvanizados”, por una presentación que ante el organismo realizó MetroGas S.A. el 5 de mayo pasado solicitando se dicte una “Medida Cautelar Genérica”, para que “la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y su aparente concesionaria La Gran Dulce cesen inmediatamente las obras, actividades y construcciones que se están desarrollando en el inmueble ubicado en Av. General Paz y 27 de Febrero, Villa Celina, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”.

La empresa distribuidora de gas también denunció que a sus inspectores se les impedía ingresar al predio. Según la normativa de la Ley N° 24.076, la construcción de la feria “viola las normas técnicas de seguridad, ambientales, y avanza sobre la Franja de Seguridad de instalaciones gasíferas”, recordó MetroGas.

“Al intentar entablar una conversación con el personal a cargo de la obra, el mismo rechazó de manera amenazante cualquier tipo de diálogo con el personal de MetroGas”; patentizó la empresa y recordó: “Pese a los contactos mantenidos con el Mercado Central y representantes de ‘La Gran Dulce’, MetroGas no ha podido lograr que dispusieran el inmediato cese de las obras, actividades y construcciones para su posterior inspección y coordinación respecto al modo de proceder con las mismas de manera segura”.

Como si todo eso fuese poco, en la presentación judicial se consignó que personal de MetroGas detectó “que las tareas asociadas a la obra y el empuje producido por la tierra de relleno aportada al terreno lindero ha causado daños en el cierre perimetral de la misma, encontrándose el muro opuesto al acceso de la reguladora y parte de los muros laterales desmoronados”.

Y explica: “El cambio del nivel del terreno lindero hizo que ya no se cumplan con los lineamientos indicados respecto a la circunscripción de este tipo de instalaciones, quedando las mismas a la vista y expuestas ante las personas que recorran el paseo de compras y que se han acopiados materiales dentro del Inmueble, personas y maquinarias circulando dentro del mismo y en cercanías al límite de áreas clasificadas, etc., generando una condición insegura para las instalaciones que allí funcionan, la continuidad del servicio de gas natural, para las personas y el medio ambiente.”

La Gran Dulce tampoco presentó “las planimetrías, altimetrías y detalles en un plano de interferencias que permita el análisis pormenorizado para dar conformidad de cualquier actividad cercana a sus cañerías o indicar las remociones a efectuar”. Según la empresa distribuidora de gas tampoco “se han respetado los límites y restricciones para las instalaciones de superficie y cañerías subterráneas que establece el plano de mensura para afectación, ni se cumplimentaron en todas las etapas hasta ahora desarrolladas (según) la normativa vigente”.

El texto es extenso y muy técnico, pero hay palabras que no hacen falta que sean traducidas por un experto en energía. “Las obras “presentan violaciones a las franjas de seguridad establecidas y graves defectos en el muro de contención (en tanto el mismo se realizó sin cimientos y con piezas de descarte), extremos que afectan de manera directa la operación, integridad y mantenimiento de la Estación Reguladora de Presión, máxime frente al terraplén que eleva el terreno sobre la Estación Reguladora de Presión de manera temeraria.”.

Ante la justicia de San Martín, el Enargas dijo que: “La seriedad y gravedad de los hechos “implicarían un serio riesgo de afectación a la seguridad pública, con potenciales efectos dañinos sobre la vida y salud de las personas, y sobre bienes afectados a la prestación de un servicio público” y le recuerda a los magistrados que “el peligro en la demora, que se derivaría del aplazamiento del dictado de una medida urgente”.

A los funcionarios del Ente Nacional de Regulador del Gas les llama poderosamente la atención que la Cámara de Apelaciones de San Martín aún no se hayan expedido.

La Gran Dulce, a través de Rubén Eduardo Gómez, apeló la medida del magistrado de primera instancia con argumentos que sorprenden.

Presentaron contenidos de mail, por ejemplo el del 14 de mayo de 2019 en la que ya MetroGas le marcaba a La Gran Dulce que debía reparar el “muro perimetral de nuestra planta La Noria. El intercambio epistolar finaliza el 21 de junio de 2019, según las supuestas pruebas presentadas por el feriante.

Gómez, a través de sus abogados, afirma que el 9 de septiembre de 2022 ingresaron por mesa de entrada de la empresa distribuidora de gas una nota para “actualizar la información catastral de las instalaciones de gas”. Y eso es todo.

Más adelante le dicen a Enargas que debería dirigir sus actuaciones y reclamos a la Corporación del Mercado Central, porque La Gran Dulce firmó con ellos el convenio de concesión de los 73.523,70 metros cuadrados.

Finalmente le pide a los camaristas federales de San Martín que decreten la “nulidad” de lo actuado por el juez de primera instancia al “basarse en hechos falsos con la denuncia temeraria hecha por METROGAS”.

Casi seis meses después los magistrados no respondieron, un hecho que beneficia a La Gran Dulce que tiene como símbolo a una simpática abejita con corona de reina y que lleva en sus manos una bolsa de compras con la bandera argentina. Todo un símbolo el país actual.

Infobae llamó cuatro veces a Rubén Eduardo Gómez, el hombre fuerte del emprendimiento ferial, aunque la Inspección General de Justicia cree que la firma que representa oculta a los verdaderos inversores del mega emprendimiento. Gómez, un hombre vinculado a la movida tropical de conurbano, respondió la primera vez.

-Lo llamo para hacerle algunas preguntas sobre La Gran Dulce ¿Me puede decir quien o quienes son los inversores?, preguntó este medio después que Gómez asegurara que estaba manejando.

Con voz de pocos amigos, imperativa y amenazante, respondió: “Me hubiesen llamado antes. Ya van a recibir una carta documento. No voy a responder de ninguna manera. Gracias, buenos día”.

Infobae se comunicó con Gómez mientras se elaboraba esta y la nota anterior.

Las otras tres veces el hombre decidió no responder y dejar que se active el correo de voz.

Según los registros oficiales, el domicilio legal de La Gran Dulce S.A.S es Tucumán 633, en CABA, pero cuando los inspectores de la Inspección General de Justicia (IGJ) fueron a corroborar los datos, se encontraron que ni el encargado del edificio había escuchado de la sociedad y en el lugar funcionaba una oficina de pagos de impuestos.

La titular de La Gran Dulce es Patricia Alejandra Fernández una “comerciante” socia de Rubén Eduardo Gómez en la empresa Holilandia S.A.S. La dirección legal de empresa también es Tucumán 633 y, obviamente, allí tampoco responden cuando se pregunta por el complejo de juegos para niños ubicado en Nordelta. Otros de sus negocios es Autocine Holilandia S.A.S.

La impactante obra -denunciada por MetroGas y el Enargas- tampoco está autorizada por la Municipalidad de La Matanza, lugar donde está enclavado el Mercado Central, por no presentar los planos de obra, de impacto ambiental y el resto de los requisitos que se deben realizar, aunque el predio sea federal.

También recibió un fuertísimo cuestionamiento por parte de la IGJ. Un dictamen fechado el 1° de agosto de 2023 cuestiona en duros términos la construcción de la feria. “La Gran Dulce S.A.S. carece de recursos genuinos ya que con tan solo $25.000 de capital declarado en su conformación se ha embarcado en la construcción de un complejo dentro de las tierras asignadas a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, con un valor aproximado de setecientos millones de pesos”, sostiene la “resolución particular”. Y describe: “Esta sociedad tiene todo el aspecto de ser una ‘sociedad vehículo’, creada para ser utilizada para el ocultamiento del verdadero dueño del negocio, como negocio indirecto, en el margen de la legalidad o lisa y llanamente, para su violación”.

La Municipalidad de La Matanza también denunció ante la justicia de San Martín que “la sociedad se obligó a pagar a la Corporación Mercado Central de Buenos Aires las sumas de $ 588.190 mensuales a partir del mes 13 de la concesión y la de $ 1.176.380 a partir del mes 25 previo a generar recurso, una suma desproporcionada con su capital de inicio, de $25.000 el cual no puede ser ampliado a más de cinco veces”. A la vez, es una suma irrisoria, un alquiler de tres ambientes en barrios porteños como Flores o Almagro no se consiguen por menos de $350.000 mensuales. Como La Salada, La Gran Dulce facturará decenas de millones de pesos. La historia de la mega feria es una de las tantas del conurbano. Por eso una y otra vez la pregunta que se repite es ¿quiénes están detrás del mega emprendimiento?

Además de el Enargas, los apoderados legales de la Municipalidad de La Matanza, también radicaron una denuncia para paralizar las obras en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría Nº 2, de San Martín en la que se afirmó que: “la Municipalidad labró tres infracciones por la obra que se encuentra llevando adelante La Gran Dulce S.A.S. en un predio cuya administración le corresponde a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires”.

Allí se argumenta que la obra en construcción “son ilegítimas e ilegales”, pero los letrados de Gómez sostuvieron que la intendencia ejerce “un poder de policía en un territorio que es ajeno a su jurisdicción”.

Sobre las actas de clausura municipales, según pudo establecer Infobae, el juzgado Federal N° 2 de San Martín hizo lugar a una cautelar (causa FSM 60609/2022/1/CA2) y casi 11 meses después, el 20 de octubre de 2023, la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar.

Mientras tanto, la dirección del Mercado Central intimó a la empresa a presentar los planos, ya que no tiene permiso de obra, pero las notificaciones no fueron contestadas, según uno de los directivos consultados por este medio.

Sobre estos temas se negó a responder Gómez.