Gustavo Adrianzén viajará a Costa Rica para reunirse con la presidenta de la Corte IDH

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, viajará a San José, capital de Costa Rica, desde el 12 al 14 de mayo, para reunirse con la presidenta y el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): es decir, con la Jueza Nancy Hernández López y Pablo Saavedra Alessandri, respectivamente.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 121-2024-PCM, esta reunión tiene como objetivo reiterar ante la Corte, el “permanente compromiso del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y presentar la posición del Estado peruano respecto a casos sensibles en el ámbito de los derechos humanos, terrorismo y otros asuntos de interés”.

De esta forma, el poder Ejecutivo liderado por Dina Boluarte espera contribuir a “una mejor compresión de la situación del Perú respecto de esos casos”.

Adrianzén también sostendrá reuniones con altas autoridades del Gobierno de Costa Rica y con representantes del sector empresarial de este país, para promover la imagen de la nación y oportunidades comerciales y de inversión bilateral.

Finalmente, se espera que por medio de este viaje, el premier peda promover la candidatura de Alberto Borea Odría para el cargo de Juez de la Corte IDH, para el periodo 2025- 2030.

“(Se quiere) impulsar la elección de un jurista nacional de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, con condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales en este tribunal internacional”, expresa el decreto supremo.

Los gastos referentes a los pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por el pliego Presidencia del Consejo de Ministros. Estos se dividirán en 1.756,03 dólares, en pasajes aéreos; y 315 dólares, en viáticos, por cada día que se encuentre allá.

“El cumplimiento de la presente Resolución Suprema no otorga derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación”, precisa el texto.

Mientras el primer ministro se encuentre en el exterior, se ha dispuesto que su despacho sea encargado al ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió un informe sobre la crisis de derechos humanos en Perú, donde refiere preocupaciones por ejecuciones extrajudiciales, limitaciones a la libertad de expresión, corrupción extendida y violencia de género.

En este documento, presentados por el secretario Antony Blinken, se recogen acusaciones serias contra el Gobierno peruano, y resalta una demora deliberada en las investigaciones de muertes relacionadas con protestas contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Según el informe, estas acusaciones se apoyan en una amplia gama de fuentes confiables, incluyendo agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Se menciona que, hasta ahora, no se ha publicado el resultado de las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones que pedían la dimisión de la mandataria.

Además, se señala un aumento en la intimidación hacia la prensa y amenazas contra periodistas, especialmente en la cobertura de dichas protestas, con más de 150 ataques registrados desde diciembre de 2022 hasta febrero, lo que demostraría un deterioro en la libertad de expresión en el país.

El documento también aborda la problemática de la violencia de género en Perú, indicando que, aunque existen centros de apoyo para las sobrevivientes, la calidad y accesibilidad de estos servicios son insuficientes, especialmente en zonas alejadas.

Por otro lado, resalta la mínima acción del gobierno frente al acoso sexual y las barreras para el acceso al aborto terapéutico, además destaca la falta de acceso a productos de salud menstrual y las altas tasas de embarazo adolescente en comunidades rurales e indígenas.