Congreso blinda a congresista Rosario Paredes implicada en caso ‘mochasueldo’

El Pleno del Congreso de la República no aprobó el informe sobre la denuncia constitucional contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, acusada de concusión por el caso ‘Mochasueldos’. La falta de votos necesarios marcó el resultado de la sesión. Hubo 41 parlamentarios que se expresaron a favor de la aprobación del informe, mientras que dos votaron en contra y 25 optaron por la abstención.

Esta denuncia, presentada en base al artículo 382 del Código Penal, fue impulsada por Zoraida Ávalos Rivera, quien se desempeñaba como fiscal de la Nación en ese entonces, alegando que Paredes Eyzaguirre incurrió en actos contra la administración pública, específicamente en el delito de concusión, perjudicando al Estado.

La presentación de la denuncia se sustentaba en alegaciones de que la exrepresentante habría utilizado su cargo público para obtener beneficios ilícitos, afectando la integridad y el correcto funcionamiento del sector público. La excongresista de Acción Popular habría recortado el sueldo de una trabajadora, reduciendo su remuneración a la mitad en 2020.

Durante la sesión, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentó argumentos sólidos para proceder con una denuncia constitucional. Además, sostuvo que Paredes incurrió en actos que constituyen el delito de concusión, evidenciando un abuso de poder y una explotación ilegal de sus funciones para el beneficio propio.

La acusación se centra en el comportamiento ilegítimo de Paredes al instruir a Milagritos Chacón Loayza, una empleada de su oficina, para que dividiera su salario y transfiriera una mitad a Vanessa Jesús González Madrid, una contratista independiente que trabajaba para Paredes.

Este esquema se llevó a cabo bajo la falsa premisa de que el Congreso de la República permitía tal práctica. González Madrid fue contratada formalmente después de recibir los fondos, un detalle que resalta la irregularidad y premeditación del acto.

Además, en un posterior episodio en mayo de 2020, se le pidió a Loayza que nuevamente dividiera su salario, esta vez direccionando los fondos a Brenda Kuong Lizárraga, quien no consta en la nómina del despacho y es familiar de Roberto Segura Lizárraga, pareja de la denunciada. Estas acciones no solo implican una violación de la ética y los deberes congresales de Paredes, sino que también apuntan a un esquema más amplio de malversación y explotación de recursos públicos para beneficios particulares.

La exparlamentaria se defendió recientemente, alegando su inocencia en un caso que implicaba irregularidades financieras. Afirmó enfáticamente que no se había beneficiado económicamente de manera ilícita, ya que no ingresó a sus bolsillos “ni un solo sol”, argumento que, según ella, fue corroborado por el Ministerio Público.

La política aseveró que su caso había sido archivado, sosteniendo que se trataba de una cuestión administrativa y no de actos contrarios a la ética, razón por la cual la Comisión de Ética decidió no sancionarla, basándose en la ausencia de pruebas incriminatorias.

El abogado de la exparlamentaria, Augusto Arce, intervino para explicar que el controvertido pago a Vanessa González Madrid formaba parte de una práctica administrativa conocida como “desdoblamiento de sueldo”. Indicó que tanto González Madrid como la asesora Milagritos Chacón estaban al tanto y habían coordinado esta maniobra, asegurando que la situación no correspondía a un caso de trabajador fantasma.

Arce enfatizó que este acuerdo entre las partes involucradas fue un acto legal y reconoció que no se había notificado adecuadamente a Recursos Humanos sobre dicha práctica. Esta defensa busca establecer que las acusaciones se fundamentan en una mala interpretación de las prácticas administrativas más que en pruebas de conducta indebida.