Mujer intentó ingresar casi medio kilo de droga en sus partes íntimas a penal en Tumbes

Una mujer fue detenida en por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú y efectivos de la Policía Nacional (PNP) irrumpieron en un acontecimiento peculiar en el Penal de Puerto Pizarro, en Tumbes. La fémina, aprovechando que su hijo se encuentra recluido en el recinto, se vio atrapada en el acto de introducir drogas al establecimiento.

Según el General Javier Gonzales Novoa, al mando del Frente Policial Tumbes, reveló para Exitosa que la mujer interceptada lleva el nombre de María Cruz Barrios, de 45 años. La madre del recluido intento ingresar con 400 gramos de sustancias ilícitas en sus partes íntimas.

Todo ocurrió durante una jornada de visitas rutinarias. La señora de 45 años, con el pretexto de visitar a su hijo, quien purga condena por robo agravado, se presentó en el penal. Fue entonces cuando el personal del INPE descubrió su intento de ingresar estupefacientes, solicitando de inmediato el respaldo de la unidad Antidrogas de la policía y de la Fiscalía Especializada.

Cuando se encontraban realizando el proceso de registro penitenciario rutinario, se halló que María Cruz ocultaba tres paquetes de droga en partes íntimas de su cuerpo, dos de ellos conteniendo PBC (pasta básica de cocaína) y el otro, marihuana. Por este acto se le imputa el delito de tráfico ilícito de drogas.

El General Gonzales Novoa proporcionó más detalles:

Este incidente se suma a los esfuerzos de las autoridades por combatir el crimen organizado en Tumbes. Recientemente, se ejecutó un extenso operativo dirigido por la PNP y el Ministerio Público, con el objetivo de desarticular la presunta organización delictiva ‘Los Ruteros del Norte’, vinculada con la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La operación se extendió hasta la región de Madre de Dios, resultando en la detención de ocho sospechosos y la incautación de teléfonos móviles, armas de fuego, pasaportes, además de proceder al registro de domicilios y vehículos de los implicados.

Según la información oficial proporcionada por la página web del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es la entidad pública encargada de liderar y gestionar el Sistema Penitenciario Nacional. Esta institución cuenta con un equipo de profesionales capacitados, comprometidos con valores éticos, una fuerte dedicación y una clara vocación de servicio hacia la sociedad. Su principal objetivo es promover la reinserción positiva de las personas privadas de libertad, así como de aquellas liberadas y sentenciadas a penas restrictivas de derechos.

Es importante destacar que el INPE está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que refuerza su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia penitenciaria.

El artículo 189 del Código Penal establece las diversas circunstancias en las cuales el delito de robo se considera agravado y las penas correspondientes. En primer lugar, se señala que la pena será de doce a veinte años de prisión cuando el robo se cometa en un inmueble habitado, durante la noche o en lugares desolados, a mano armada, con la participación de dos o más personas, o en diversos lugares como medios de transporte público o privado, terminales terrestres, puertos, aeropuertos, entre otros.

Además, se agravan las circunstancias si mientras se comete el delincuente finge ser una autoridad o trabajador privado, o si el robo afecta a personas vulnerables como menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. También se contempla una pena mayor si el robo se comete sobre vehículos automotores, equipos de telecomunicaciones, bienes de valor científico o patrimonio cultural nacional, o si se utiliza material explosivo o vehículos motorizados para cometer el acto.

Las condenas se incrementan significativamente si el robo ocasiona lesiones físicas o mentales a la víctima, se abusa de su incapacidad o se le coloca en una grave situación económica. Asimismo, la pena puede llegar a cadena perpetua si el delincuente actúa como parte de una organización criminal, o si como resultado del robo se produce la muerte de la víctima o se le causan lesiones graves. Estas disposiciones buscan prevenir y sancionar de manera contundente los actos delictivos que afectan la seguridad y el patrimonio de la sociedad.