Marcha contra Dina Boluarte: familiares de fallecidos en protestas convocan a movilización para el 1 de mayo

Familiares y allegados de las víctimas de las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte convocaron a una movilización en Lima, para el próximo miércoles 1 de mayo, en el Día del Trabajo.

En un video publicado por la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, organización que pide justicia por los fallecidos en Juliaca, durante el 2023, se escucha a los miembros de la organización social solicitar que se unan “sindicatos y gremios con consciencia social”.

“Nos están robando nuestra dignidad, nuestra democracia, están saqueando nuestro país. Pedimos unidad, fuerza e indignación. Levantemos la voz, alcemos el brazo”, expresó un vocero. Asimismo, pidieron respeto al derecho de protesta y otras exigencias, como:

• Reivindicación de los derechos laborales, con sueldos justos que cubran la canasta familiar.
• Celeridad en investigaciones por los heridos y fallecidos en marchas.
• Sanciones a todos los responsables directos e indirectos de las muertes. Esto debería incluir a incluidos altos mandos del poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas.
• El cierre del Congreso de la República
• Renuncia de Dina Boluarte.

A inicios del 2023, cientos de ciudadanos de Puno conmemoraron a los 22 civiles y seis soldados que fallecieron en esta región. La población llegó a las afueras de la División Policial de Orden y Seguridad de Juliaca, reclamando respecto al accionar de los efectivos. “No eran policías, eran asesinos”, se escuchó decir a varios de los asistentes.

Durante la noche del lunes 8 de enero, la ciudad de Juliaca, específicamente el Bypass de salida a Cusco, se iluminó con las luces de los faroles que se encendieron como parte de las actividades de conmemoración programadas para hacer una vigilia.

El Despacho Presidencial aprobó designar 180 mil soles para la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte en relación con las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La medida fue autorizada por Rafael Velásquez Soriano, director general de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial, mediante un proceso de contratación directa. Los fondos están destinados a los honorarios del abogado Joseph Campos, quien liderará el caso en todas las etapas del proceso penal.

Este apoyo financiero se otorga bajo la Ley de Contrataciones del Estado, que permite la adjudicación directa en casos especiales, incluida la asesoría legal para funcionarios o exfuncionarios. Además de Campos, la defensa de Boluarte incluye al exfiscal Mateo Castañeda y a la abogada Kelly Montenegro.

Desde enero de 2023, el Ministerio Público ha estado investigando a Boluarte por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en el contexto de los enfrentamientos durante las protestas en contra del Gobierno.

En noviembre de 2023, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en contra de la mandataria por los hechos violentos de las marchas. En consecuencia, la defensa de jefa de Estado buscó anular esta acción y cerrar la investigación a través de un amparo, pero este fue rechazado por el juez Jonathan Valencia López, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima.

En el argumento de los abogados, se mencionó que en la Constitución Política del Perú se limita las acusaciones contra el presidente en funciones solo a delitos muy específicos. Sin embargo, el fallo del juez Valencia López confirmó que esto no exime a Boluarte de la investigación preliminar del Ministerio Público, ya que a los fiscales no se les puede exigir la misma imparcialidad demandada a los jueces, dado su rol activo en el proceso penal.

Además, se alegaba que los  derechos constitucionales de la mandataria habían sido vulnerados, incluyendo la debida motivación de las resoluciones fiscales y el debido proceso.