Una farsa de Juicio Político surgida de los basurales de la democracia

El ataque a la independencia judicial, ingrediente esencial de todos los populismos, ha sido empleado reiteradamente por el kirchnerismo. El más reciente episodio es el infame juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se viene desarrollando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo sabe que está destinado al fracaso, porque no va a conseguir las mayorías calificadas que se requieren en ambas cámaras del Congreso para acusar primero y destituir después a los jueces del alto tribunal, pero usa su estrecha mayoría de un diputado en dicha Comisión para montar un espectáculo penoso mediante el que pretende presionarlos y, en todo caso, sembrar la idea de que desarrollan una tarea ilegítima, que no es jurídica sino política, al servicio de oscuros intereses.

Los cargos que enfrentan los jueces de la Corte son de una enorme endeblez, fruto de las falacias que los inspiran. Entre otros, se les reprocha el dictado de sentencias adversas a las pretensiones del kirchnerismo. Este es el común denominador que anida en todas aquellas peticiones. Es sabido que el contenido de los fallos no es materia del juicio político, ya que de otro modo el Congreso se constituiría en una suerte de tribunal de alzada y desaparecería todo rastro de independencia judicial. En estos casos, además, los fallos elegidos están muy bien fundamentados y se basan en la Constitución Nacional y en los propios precedentes de la Corte. Es válido, por supuesto, discrepar con ellos, pero la mera discrepancia no puede ser el sustento del ejercicio de un mecanismo extraordinario de control que el Poder Legislativo puede desarrollar, en supuestos muy estrictos, sobre los magistrados del máximo tribunal de la República. A esos cargos se agregaron otros que se fundan en meras conjeturas, sin pruebas que les den el menor viso de seriedad.

En las últimas horas, los argentinos nos enteramos de algo acerca de lo que no nos deberíamos sorprender, pero que impresiona cuando se lo exhibe en el dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita: el uso de métodos de inteligencia ilegal por parte del kirchnerismo para espiar y tratar de enlodar a muchos dirigentes y, en especial, a los jueces de la Corte Suprema. Quien aparece como uno de los principales responsables es el diputado Rodofo Tailhade, que trabajó en el área de inteligencia durante la presidencia de Cristina Kirchner y que, por lo que ahora trasciende, sigue manteniendo su vinculación estrecha con los sótanos de la democracia.

En su informe, el fiscal Pollicita determinó el vínculo de Tailhade con el sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta y con un dirigente de La Cámpora, aportando pruebas que comprometen al diputado a partir de la investigación llevada a cabo por el equipo del fiscal que analizó y cruzó cientos de datos recogidos de dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos practicados en el domicilio del ex policía.

Como corolario resulta ahora que aquel acusador inescrupuloso es hoy el acusado. Su permanencia en esa Comisión y, diría más, su permanencia en la Cámara, son afrentas a la democracia. Debería ser expulsado por inhabilidad moral sobreviniente, conforme lo prescribe el art. 66 de la Constitución Nacional. Pero Tailhade no es más que un simple engranaje en la operación de impunidad y amenaza a la República que dirige desde las sombras la condenada Cristina Kirchner, que ahora le ha asignado la misión de ponerla a cubierto de sus responsabilidades penales en las numerosas causas que afronta, en algunas de las cuales ya fue condenada, al nuevo Alberto Fernández que creó: el ministro-candidato Sergio Massa.

Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz realizaron sus descargos mediante sendos escritos que refutan las temerarias imputaciones que se les formulan. Me quiero detener, por la precisión, contundencia e impecable articulación jurídica, en algunas de las expresiones vertidas por el doctor Rosenkrantz. Este no se limita a controvertir detalladamente cada acusación en particular, sino que enmarca su descargo en una férrea defensa del sistema republicano, tantas veces asediado en nuestra historia:

“Lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver exclusivamente con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano. Pues este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes. Es, además, una afrenta a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.

Por lo que concluye, de modo admirable:

“La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar - en algunos casos hasta hacerlos desaparecer - los principios republicanos que establece nuestra Constitución (…). Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el aquí examinado, persiguen el único objetivo de someter a la cabeza del Poder Judicial de la Nación a los designios de otro poder y, de esa forma, romper el equilibrio que la separación de poderes establecida por la Constitución manda como uno de los medios para, entre otros altos fines, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Como suele atribuirse a Nicolás Avellaneda, los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Es la responsabilidad irrenunciable de quienes integran la Honorable Cámara de Diputados de la Nación honrar estos principios republicanos y defender a ultranza la Constitución que juraron respetar”.