El día que los militares pidieron a EEUU información sobre “posibles comunistas” argentinos y la respuesta de Kissinger

El 12 de marzo de 1976, doce días antes del golpe que instauró la más sangrienta dictadura militar en la Argentina, el agregado de las fuerzas armadas en Washington se comunicó con el Ejército de Estados Unidos para pedir información, si era que disponían de alguna, sobre ciudadanos argentinos que fueran “simpatizantes izquierdistas, o comunistas, o ex miembros del ERP” (en referencia a la guerrilla trotskista que actuaba en el país junto a la guerrilla peronista Montoneros) o que pudiesen estar “patrocinados” por el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón al que los militares estaban a punto de derrocar, y que fuesen empleados de Aerolíneas Argentinas, o trabajaran en consulados argentinos en Estados Unidos, o en la Organización de los Estados Americanos, OEA, o en el BIRF (posiblemente el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento) “o en cualquier otra organización internacional en Estados Unidos”.

La idea expresada por el militar argentino era la “posible recuperación de esos individuos en caso de un golpe militar en Argentina”, para lo que también pedía, además de su identificación, cuál era su domicilio o donde sería posible hallarlos. La propuesta figura en un documento desclasificado del Departamento de Estado en el que el propio Henry Kissinger da instrucciones sobre qué hacer con ese pedido. De manera ambigua, el documento usa el verbo “recall” que se traduce como “recuperación”, pero que puede ser traducido también como “retirar, destituir, hacer volver”, entre otras acepciones, algunas inquietantes.

La respuesta de Kissinger es clara y firme: Estados Unidos no dará esa información porque no quiere verse involucrado en ese “posible golpe”. Las razones de la negativa también son ambiguas y, algunas, falsas. Kissinger dice, por ejemplo, que su Departamento de Estado no quiere saber nada sobre planes de cambios inconstitucionales de gobierno, ni recibir incluso “información anticipada” sobre esos planes. No era verdad. El gobierno de Gerald Ford, que había sustituido en 1974 al renunciante Richard Nixon, y en especial Henry Kissinger, sabían a esas alturas de marzo de 1976 que en la Argentina habría “un baño de sangre”, como reveló en su momento el diplomático Wayne Smith. Si Estados Unidos iba a permanecer “neutral” respecto de ese baño de sangre, sería porque la diplomacia americana juzgaba que “ni los militares ni los peronistas eran comunistas” y que jamás esa diplomacia pensó que en el país existiera “una gran amenaza terrorista”.

Kissinger no ignoraba nada de lo que se avecinaba en Argentina porque el entonces embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, un hombre vinculado a la CIA, informaba con puntillosidad de entomólogo cada paso que daban los políticos y los militares que lo visitaban con frecuencia. Incluso, como ya informó Infobae, Hill recibió de parte del entonces nuncio apostólico, monseñor Pío Laghi, un informe detallado, que transcribió a Kissinger, sobre una reunión del 5 de enero de ese año de la entonces presidente con los tres jefes militares que complotaban contra ella.

Hill no sólo se había reunido con el almirante Emilio Massera, que encabezaba la conspiración contra Isabel Perón desde octubre de 1975, sino que a mediados de febrero de 1976 había elevado un detallado informe destinado a Kissinger con los planes de los golpistas. En ese informe, Hill hablaba de “una severidad sin precedentes” cuando asumieran las autoridades militares. El encargado de elevar el informe a Kissinger fue William Rogers, ex secretario de Estado y que era en ese momento asistente especial de quien lo había reemplazado en 1973. Rogers agregaba al informe del embajador Hill: “Es de esperar que (el gobierno) sea amistoso con Estados Unidos. Sin embargo, al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales”, según otro de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado.

Kissinger sabía mucho más de lo que podía incluso admitir sobre el inminente golpe militar, pero la intención de la diplomacia americana era la de no quedar emparentado con el golpe y con sus seguras consecuencias. El 17 de marzo, una semana antes de la caída del gobierno, el embajador Hill decidió dejar el país para evitar que la Embajada fuese vinculada de alguna manera con la caída del gobierno constitucional de Isabel Perón. ¿Por qué se negó Kissinger al pedido del agregado militar argentino en Washington? Por lo que fuere, no lo fue por las razones que esgrime el documento desclasificado del Departamento de Estado. Fechado el 13 de marzo de 1976 y titulado “Posible golpe militar en Argentina”, dice:

“1) El mayor general (sic) Luis Miró, agregado militar argentino, llamó al departamento del Ejército el 12 de marzo y dijo que los militares argentinos le habían solicitado intentara obtener de los militares estadounidenses información sobre los ciudadanos argentinos en los Estados Unidos que puedan ser simpatizantes izquierdistas, o comunistas, o ex miembros del ERP, o que puedan estar patrocinados por GOA (Gobierno Argentino) y ser empleados de Aerolíneas Argentinas, consulados, OEA (Organización de Estados Americanos) o BIRF (posiblemente, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento), o cualquier otra organización internacional en Estados Unidos”.

“Dijo que se requiere esa información para la posible recuperación (”recall”, en el original, verbo con varias acepciones) y para ‘determinar donde hallar a las personas que pueden ser hostiles al golpe”.

“2. Miró dijo que el ejército (argentino) está ejerciendo una gran moderación y espera que, cuando se mueva, sea en respuesta a la demanda popular en Argentina. Sin embargo, duda de que haya una gran demanda civil en favor del golpe”. Luego, el militar argentino reveló algunos datos curiosos, frutos todos tal vez de su visión de los hechos y no de los planes concretos de los militares complotados. También expresó, de nuevo a título personal, esperanzas y certezas. Dijo Miró a sus interlocutores americanos: “Los militares no tienen en profundidad la experiencia necesaria para gobernar durante un período extendido y, por lo tanto, es imperativo que el poder se devuelva rápidamente a ‘un elemento civil razonable’. Los hechos demostrarían que no eran esos los planes de los golpistas que rechazarían, en 1977, un eventual retorno de la democracia tutelada por las Fuerzas Armadas.

“Agregó -prosigue el documento respecto de Miró- que el golpe es ‘secreto público’, ya que la situación en Argentina se ha deteriorado hasta un punto sin retorno. Dijo que sólo un cambio de gobierno puede detener un mayor deterioro. Ve poca, o ninguna, esperanza de una prensa amistosa en Estados Unidos. Cuando los militares hagan su jugada, no importa qué tan responsables y moderados sean las fuerzas armadas, serán acusadas de violaciones a los derechos humanos y de tener ambiciones dictatoriales”.

Hasta aquí la propuesta, un tanto naif, del agregado militar argentino en Washington que, luego de plantearla, viajó a New York y a Boston. ¿Cuál fue la respuesta de Kissinger y las instrucciones que dio a sus funcionarios? Fue seca y terminante: “3) No tenemos la intención de proporcionar la información que Miró solicitó, y el Departamento del Ejército lo informará a Miró cuando regrese el 17 de marzo de su visita a Nueva York y Boston, de acuerdo con las instrucciones permanentes del secretario adjunto (William) Rogers, reiteradas a los jefes de misión de ARA (Se refiere a la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado) reunidos el pasado noviembre”.

Kissinger agregaba: “No queremos ser destinatarios de información detallada sobre planes de cambios inconstitucionales de gobierno; en especial, no deseamos recibir información anticipada sobre posibles movimientos con tanto detalle, que puedan dar la impresión de que nosotros podríamos, de alguna manera, estar involucrados, o identificados con, o en apoyo de acontecimientos de esa clase. Kissinger”.

Cinco días después del golpe, el 29 de marzo, el general Jorge Videla asumió en nombre de la Junta Militar como presidente de la Nación. En los siguientes días, Estados Unidos reconoció al nuevo gobierno argentino. No fue ninguna novedad: meses antes, la diplomacia americana les había hecho saber a los militares que, una vez en el poder, Estados Unidos les daría su aval.

Por supuesto, la diplomacia lo había hecho con total discreción.