La IA llega al sector público en España: ya contrata vídeos, software para satélites y estudios hoteleros con tecnológicas

El uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de todo tipo de usuarios irrumpió con fuerza en 2023 y el sector público español ya la está incorporando. Se trata de un paso más en la digitalización para el que solo ciertas empresas privadas llevaban años trabajando, por lo que las administraciones y los organismos públicos apenas disponen de los medios propios necesarios. En consecuencia, se está produciendo un auge en la licitación destinada a empresas tecnológicas, que el sector confirma.

“Ante las extraordinarias posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, singularmente, la inteligencia artificial, el sector público ha de posicionarse como impulsor de su utilización”, afirmaba el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, hace unas semanas. La apuesta de su cartera es que la IA sirva para mejorar los servicios públicos “acompañando -y no sustituyendo- a los empleados públicos, sirviendo como herramienta para librarles de las tareas más repetitivas y de menor entidad”.

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Son las tecnológicas las que están introduciendo la inteligencia artificial en el sector público. “Más del 80% de las administraciones en España consideran la implantación de la IA como una prioridad, si bien menos de la mitad han adoptado ya alguna solución que esté operativa en su día a día (...) Todavía están en un estado bastante inicial e inmaduro en su adopción”, opina Albert Mayoral, portavoz de NTT Data España.

Nuria Ávalos, directora general de IndesIA (asociación empresarial del sector de la IA en España) señala que son las grandes compañías “las que llevan años” implementando la inteligencia artificial en sus procesos y que “la administración comienza a no ser ajena a esta revolución”. Mayoral coincide: “El sector privado va por delante en la adopción de la IA en relación con el sector público”.

Ávalos destaca el impulso que están permitiendo los fondos del Plan de Recuperación, que financian gran parte de los proyectos de IA en el sector púbico, pero avisa de que “la mera existencia de los nuevos organismos”, como el Ministerio que lidera Escrivá o la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) “no es suficiente”, y de que el avance en el uso de la IA “está siendo lento”, especialmente en las pymes. En su opinión, debe haber una “estrategia sólida y acciones concretas” para extender la IA a toda la economía en colaboración con las empresas dedicadas al sector.

Una búsqueda de los contratos más recientes en la Plataforma de Contratación permite observar desde pequeños encargos a otros millonarios con multinacionales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha adjudicado un contrato menor a una pyme para generar un video mediante IA y usarlo a modo de presentación en FITUR. El video cuesta, en principio, 17.968,5 euros con IVA. La Mutua Midat, colaboradora con la Seguridad Social, también ha optado por esta vía, sacando a licitación un contrato de 35.937 euros para que una empresa genere videos y cursos de prevención de riesgos laborales con IA. El proyecto todavía no ha sido adjudicado.

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Otro caso de características muy distintas es la adjudicación por parte del Ministerio de Ciencia, en colaboración con el Ministerio de Defensa, de un contrato a la multinacional Amper para que desarrolle un software con inteligencia artificial a bordo de los satélites. La finalidad es disminuir el flujo necesario de los datos a trasmitir a tierra por el ancho de banda disponible, tiene un coste de 5,6 millones de euros y está financiado por los fondos Next Generation, en concreto, por los del PERTE Aeroespacial.

También por un importe elevado, 2,4 millones de euros, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado a concurso un proyecto para implantar la inteligencia artificial en el sector hotelero dentro del programa Spain Living Lab, una iniciativa financiada con fondos del Plan de Recuperación. La finalidad es “maximizar el beneficio de los alojamientos hoteleros”, utilizando análisis específicos de mercado. El expediente está en evaluación.

En esta licitación se incluye una justificación común a todos estos casos: la externalización del servicio por “insuficiencia de medios propios especializados”. Además, los funcionarios que han redactado la justificación (de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial) critican la situación. “Aunque de forma reiterada se han solicitado ampliaciones de la plantilla de personal propio (...), no ha sido posible aumentar debido a las limitaciones”, señalan, por la Ley de Presupuestos de la región. “En tanto no se disponga de recursos internos suficientes con experiencia en estas nuevas tecnologías, (...) es necesaria una licitación pública para poder cumplir los objetivos marcados”, añaden.

Ya existe algún planteamiento para que este desajuste entre la necesidad de incorporar la IA en las administraciones y los medios que tienen las mismas sea menor en el futuro. Por ejemplo, la empresa pública Red.es (adscrita al Ministerio de Transformación Digital) ha encargado a la multinacional Guadaltel el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de la inteligencia artificial y la automatización de procesos en la entidad por 865.550 euros. No obstante, se ha acordado que Guadaltel enseñe a usar la IA que desarrolle tanto a los usuarios (otros entes públicos, pymes) como a los empleados, transfiriéndoles todo el conocimiento necesario para que puedan prestar el servicio por sí mismos cuando finalice el contrato de dos años.

Algunos de los desarrollos que se plantean efectuar son la generación automática de documentos a partir de datos externos; envíos automáticos; obtención de información a partir de web scrappers y la puesta a disposición de chatbots a los clientes para la resolución de dudas legales, procedimientos de contratación y seguimiento de expedientes.

Por otra parte, Red.es ha adjudicado a NTT Data España por 113.872 euros la realización de un servicio de consultoría para aplicar la IA en el sector educativo. El objetivo es establecer itinerarios de aprendizaje personalizado en la enseñanza obligatoria mediante la realización de proyectos basados en inteligencia artificial de asistencia a docentes, alumnos y autoridades educativas. NTT Data también está llevando a cabo proyectos integrales de IA para la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía, y otros más específicos, como uno de mejora de la empleabilidad mediante la IA en el servicio de empleo de la Junta de Castilla-La Mancha.

La falta de medios no le sucede solo a los funcionarios de ministerios, autonomías y empresas públicas: las universidades también están licitando contratos. El más llamativo es el de la Universidad de Zaragoza, que ha adjudicado a Itwise Technology Services la instalación de un supercomputador especializado en inteligencia artificial y analítica de datos de altas prestaciones. El proyecto está financiado por el Plan de Recuperación por un valor de 985.000 euros.

La Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid también han licitado procesos relacionados con aplicar la IA a la consultoría y a la computación en el borde, pero por importes menores, 90.000 y 104.000 euros, respectivamente. Como último ejemplo, cabe destacar que el Banco de España ha encargado a Telefónica el acompañamiento en sesiones de IA Generativa y el desarrollo de un modelo de resúmenes para el BCE por 78.624 euros.