El mensaje a los mercados: "A las reformas no las para nadie"

El Gobierno cree que saldrá fortalecido luego de la disputa previsional. Y que tras el conflicto quedó claro el compromiso de austeridad fiscal y una oposición poco confiable

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El estrecho abrazo en el que confluyeron el massista José Ignacio de Mendiguren y el kirchnerista Agustín Rossi en el recinto de Diputados tras haberse levantado la sesión en la que se discutiría la reforma previsional resultó para el Gobierno un regalo del cielo. "Si alguien tenía alguna duda, quedó más que claro que el Frente Renovador y los K son lo mismo. No les interesa que la Argentina avance, sólo quieren ir para atrás".

El mensaje partió desde la Jefatura de Gabinete en conversaciones con varios fondos de inversión que tuvieron contacto en las últimas horas con autoridades nacionales, preocupados por los violentos hechos dentro y fuera del Congreso de las últimas jornadas. Una vez más resurgió un concepto que figura al tope de las preocupaciones para los mercados: gobernabilidad.

El salto del dólar de las últimas jornadas (cambió abruptamente la tendencia bajista) y cierta debilidad en el precio de las acciones reflejaron un importante grado de preocupación por la escalada violenta. Así lo manifestó también el Foro Convergencia, que agrupa a decenas de empresarios de todo el país.

Para los inversores, otra vez vuelve a ponerse en tela de juicio la gobernabilidad. Una aprobación de la reforma previsional mañana despejaría rápidamente las dudas

Para colmo, la reforma previsional se votará el lunes y el miércoles seguirá el Pacto Fiscal y la reforma tributaria, todo muy cerca del 20 de diciembre, que suele ser una fecha complicada por las movilizaciones de distintas agrupaciones sociales.

Pero en el Gobierno creen que finalmente terminarán el año fortalecidos, al revés de lo que muchos imaginan luego de una sesión legislativa clave que terminó en un verdadero escándalo que se vio en todo el mundo.

Detrás de este optimismo hay dos "ideas fuerza" que ya se están trabando. La primera está dirigida a los inversores y puede resumirse así: nada ni nadie van a lograr detener el proceso de reformas que se puso en marcha. "Se juntaron muchas leyes después de las elecciones, pero en realidad se vino trabajando todo el año. Lo importante es que después vamos a seguir porque como dijo el Presidente Mauricio Macri entramos en un proceso de reforma permanente", explican en Casa Rosada.

El costo del bono a jubilados sería de $ 4.200 millones. El cambio de la movilidad jubilatoria igual conserva un ahorro de $ 50.000 millones para el 2018.

Desde ese punto de vista, la violencia de algunos sectores para detener la reforma previsional y la insistencia del Gobierno que apuesta a una sanción en la sesión de mañana resultaría la mejor comprobación de este compromiso.

(Reuters)
(Reuters)

La segunda "idea fuerza" está dirigida hacia adentro y tiene como estandarte el verdadero "abrazo de oso" del kirchnerismo y el massismo. Se trata, desde el punto de vista oficial, de una nueva comprobación de que no existe una oposición confiable, mucho menos una alternativa de poder para 2019. Y recuerdan que en diciembre del año pasado fue el propio Sergio Massa el que avanzó con un proyecto que casi hace saltar todo por los aires. Era una reforma de Ganancias para los asalariados que le costaba más de 100.000 millones de pesos. El resultado fue una reforma que se ajustó a los deseos oficiales, mientras que el referente del Frente Renovador sacó menos de 10% de los votos en la provincia en las elecciones de octubre.

“No se puede repartir lo que no existe”. La bajada de línea oficial procura contrastar con la política populista que impregnó la etapa kirchnerista y que perdió varias elecciones.

La compensación que recibirían los jubilados y quienes cobran la Asignación por Hijo en marzo, para compensar la pérdida generada por el "empalme" del cambio del cálculo de la movilidad, tendrá un impacto limitado en los cálculos presupuestarios. Según estimó la consultora ACM, que dirige el economista Javier Alvaredo, el costo será de sólo $ 4.200 millones. La reforma significará un ahorro cercano a los $ 50.000 millones, equivalente a 0,4% del PBI. Y resultará clave para alcanzar la meta de déficit fiscal de 3,2% el año próximo.

El costo que pagarán los jubilados al recortarse el aumento previsto para 2018 y 2019 también va de la mano de una bajada de línea muy clara: no se puede repartir lo que no existe, un contraste con el populismo que impregnó la política económica argentina durante la gestión kirchnerista, en especial los dos mandatos de Cristina. Según las estimaciones de Nadin Argañaraz, del IARAF, en caso de mantenerse la movilidad tal cual fue aprobada en 2009, los haberes tendrían un aumento de 14% en términos reales. Algo imposible de afrontar en una economía con tanto déficit y que encima tiene como desafío gradualmente hasta llevarlo a cero en 2020.

En su libro La política en el siglo XXI, el asesor presidencial Jaimé Durán Barba destacada como un hecho inédito el respaldo a Mauricio Macri aún a pesar de las políticas de ajuste implementadas, en especial en 2016. Ahora se enfrenta otra prueba de fuego. La opinión mediática (no necesariamente la postura mayoritaria) se volcó a criticar duramente al oficialismo, por el grado de represión pero en especial porque hizo recaer el ajuste a los jubilados. Se pondrá una vez más a prueba la tesis del ecuatoriano, que tuvo su comprobación en últimas elecciones legislativas.

La presión a los gobernadores tiene su explicación: con excepción de San Luis, todos firmaron el Pacto fiscal, que incluye nuevas reglas en la coparticipación federal, pero también la reforma tributaria y el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria. "Se aprueba todo o nada, no se puede avanzar con un tema y dejar para más adelante otro", les explicaron a los mandatorios provinciales que empezaron a mostrar a reticencias a apoyar los cambios del sistema jubilatorio.

Al final del camino, cuando se hayan aprobado las reformas, quedará la parte más ardua que es cumplir con los objetivos planteados: dar certidumbre a los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina (lo que se logra bajando el déficit), y reducir la presión impositiva a las empresas –con reducción de Ganancias y disminución gradual de impuestos distorsivos- para atraer más inversiones.

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