Protestas en la Universidad Nacional: secretario de Seguridad de Bogotá responde por qué no capturan a los responsables

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó el 9 de mayo sobre disturbios en la avenida NQS con calle 45, cerca de la Universidad Nacional. En esta ocasión, personas encapuchadas lanzaron “papabombas” a la Fuerza Pública, que terminaron afectando hasta a los ciudadanos. La situación generó caos en la movilidad, obligando a suspender el servicio de Transmilenio.

El reporte de la Fuerza Pública señaló que, mientras los uniformados trataban de al contener la situación, eran atacados por individuos encapuchados, con elementos explosivos. Según videos compartidos en redes sociales, los disturbios provocaron tensiones significativas en la zona y obligaron a evacuar a los transeúntes.

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La suspensión de Transmilenio dejó atrapados a cerca de 70.000 ciudadanos en el transporte público, según reportes del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. “Estamos a punto de sufrir una tragedia”, dijo Restrepo y expresó preocupación por la violencia desatada. Finalmente, destacó la necesidad de que el Gobierno intervenga en la situación.

“Hay algunos ciudadanos preguntan ‘¿Por qué la ciudad no entra a controlar y a quitar estos artefactos dentro de la Universidad?’, porque no tenemos la capacidad. La responsabilidad aquí recae sobre el Ministerio de Educación y sobre el Ministerio del Interior, quienes deben hacer un análisis del riesgo que significa para la ciudad tener estos artefactos en manos de individuos con deseos incontestables de atacar a la ciudad y a los ciudadanos”, señaló en entrevista para Caracol Radio.

Restrepo mencionó que no es competencia de las autoridades locales entrar a la universidad para evitar que se sigan presentando hechos como estos. De hecho, históricamente, las instituciones de educación superior siempre han defendido que las decisiones como permitir el ingreso de la Fuerza Pública son competencia exclusiva de los órganos directivos de la universidad.

Según dijo el viceministro de Educación Superior y exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez, en 2023 a El Tiempo, cualquier interferencia externa constituiría una violación a la autonomía universitaria. Justamente, este principio está establecido en el artículo 69 de la Constitución Política, el cual no solo garantiza la autonomía, sino que también establece que “las universidades podrán establecer sus propias directrices y regirse por sus estatutos, de conformidad con la ley”.

En este sentido, señaló Restrepo, “entendemos que el Ministerio de Educación es el principal responsable en el Gobierno interno de los claustros universitarios”, mencionó a Caracol Radio.

El lunes 8 de abril por la tarde, un grupo de individuos encapuchados tomó el edificio Uriel Gutiérrez, sede de la rectoría, en una acción de protesta.

En respuesta, Restrepo señaló que, aunque el Distrito no puede llevar a cabo labores de inteligencia, las acciones que se han conocido desde afuera son contundentes: “Vigilantes a los que estos individuos rociaron cor gasolina (e hicieron tomar gasolina), explosiones en las calles, la necesidad de la Policía de tener que desactivar artefactos explosivos, los ataques contra buses... aquí no hay que tener más información”.

Según dijo el secretario, “el Gobierno de la ciudad ha llamado la atención por el riesgo”. Por eso, le piden al Gobierno nacional para que tome medidas y restrinja el uso de artefactos explosivos artesanales y de bombas inflamables. Entre tanto, Restrepo concluyó que esta no debe ser una discusión política, sino que se deben tomar decisiones con base en las posibles consecuencias.

Precisamente, en la noche del miércoles 1° de mayo, la Vicerrectoría de la Universidad Nacional emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases para el jueves 2 de mayo, tras el hallazgo de material explosivo dentro de las instalaciones.

La designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional ha generado un considerable descontento entre los miembros de la comunidad universitaria, desencadenando un paro estudiantil que ya lleva un mes.

La controversia surge debido a que la elección de Peña no reflejó los resultados de la consulta realizada a la comunidad universitaria, que había dado como ganador a Leopoldo Múnera. En un proceso que ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia, el Consejo Superior Universitario (CSU) optó por designar a Peña como rector, ignorando los resultados de la votación popular. La metodología utilizada para la selección del nuevo rector ha sido cuestionada.