Sin solución en la rectoría, se suspende la reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional se encuentra inmersa en una situación de incertidumbre tras la cancelación de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) destinada a resolver la polémica sobre la designación de José Ismael Peña como rector.

La falta de cuórum, producto de la ausencia de cuatro de los ocho miembros del CSU, impidió el desarrollo de la sesión programada para el 7 de mayo a las 11:30 a. m., lo que profundizó aún más el estado de tensión en la institución educativa.

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Entre los consejeros faltantes se encontraban Verónica Botero, representante del Consejo Académico; Diego Torres, representante estudiantil; Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; y Sara Jiménez, también representante estudiantil, quien no justificó su inasistencia, pero previamente había presentado su renuncia al CSU en abril, la cual aún no ha sido aceptada formalmente.

La deliberación no pudo iniciarse al contar solo con la presencia de cuatro consejeros, todos vinculados al Gobierno: Alejandro Álvarez, viceministro de Educación, en representación de la ministra Aurora Vergara; María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón, designadas por la Presidencia; y Víctor Manuel Moncayo, nombrado recientemente por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y exrector de la institución.

Por tanto, al no reunirse el mínimo requerido de cinco consejeros para comenzar las deliberaciones, la sesión no se pudo realizar según lo planeado.

El Consejo se pronunció mediante un comunicado, expresando la tensión generada no solo por la falta de miembros, sino también por la presencia de José Ismael Peña en la reunión. Se le solicitó retirarse “atendiendo a los procesos reglamentarios y estatutarios de la Universidad Nacional”, calificando su presencia como potencialmente agravante de la situación.

Además, los consejeros presentes instaron a los demás miembros del CSU a facilitar un ambiente propicio para el debate y la toma de decisiones, con el fin de hallar soluciones a la crisis universitaria, mediante un diálogo con la comunidad universitaria que ha mostrado su capacidad de deliberación y demanda.

Por otro lado, Diego Torres, representante de los profesores, emitió una constancia donde cuestionaba la legitimidad de la sesión y advirtió sobre las implicaciones legales de una posible destitución de Peña, argumentando que contradeciría el marco legal y estatutario de la Universidad Nacional.

“No es aceptable que los suscritos miembros del CSU, deliberen y decidan sobre la situación actual del cargo de rector de la Universidad, lo cual por razones estrictamente legales que anexo al final de esta comunicación, implicaría que participemos en una sesión que podría conllevar a una ilegalidad e incluso a un potencial delito por desconocer la designación realizada”, indicó Torres.

Además, señaló que solicitó que, “hasta que la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado no se pronuncien sobre las acciones preventivas que se han iniciado, no es prudente que el CSU sesione, ya que puede interferir dichas acciones”

Adicionalmente, criticó la postura de la ministra Aurora Vergara por su reticencia a firmar la resolución 046 de 2024 que oficializaría el nombramiento de Peña, señalando que ello ha contribuido a un estado de “caos e inestabilidad interna” en la universidad.

El 2 de mayo, se oficializó el nombramiento de José Ismael Peña en la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, evento marcado por el inicio de varias polémicas. Peña, quien fue elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 21 de marzo, efectuó su toma de posesión en un acto que no contó con el aval de Aurora Vergara, la ministra de Educación, generando un notable conflicto institucional.

A pesar de que el procedimiento se llevó a cabo, se reportó que el Ministerio de Educación, bajo el mando de Vergara, omitió la firma del acta y el decreto que convalidaban a Peña como el encargado de dirigir la institución educativa. La acción del ministerio, al no firmar el documento, respondió a una percepción de falta de claridad en el mecanismo de elección.

La ministra destacó que el acta de designación del rector no reflejaba adecuadamente las discusiones y votaciones que tuvieron lugar durante el proceso de elección, incumpliendo así lo establecido en el Acuerdo 019 de 2022. En este sentido, la jefa de cartera afirmó su intención de no firmar el acta hasta que esta reflejara fielmente los acontecimientos y decisiones tomadas durante el proceso de designación.