Crónica de un escándalo anunciado: los puntos clave para tener en cuenta y entender el entramado de corrupción de la Ungrd

El 18 de enero del 2024, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad de Gestión Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD), prometió una significativa mejora en el abastecimiento de agua para el departamento de La Guajira. Según Pinilla, el refuerzo llegaría a través de 40 nuevos carrotanques, destinados a incrementar la capacidad de suministro del vital líquido en la región. Este movimiento estratégico respondía a los lineamientos emitidos por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de paliar las dificultades hídricas del departamento.

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“En La Guajira estamos suministrando 500 mil litros de agua al día con contratistas privados y a través de diferentes convenios con el Ejército y la Cruz Roja. Sin embargo, a partir de hoy, reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”, indicó Pinilla, subrayando el compromiso del Gobierno con esta causa.

No obstante, a pesar de este anuncio, surgieron críticas en la región, cuestionando la efectividad y la pronta puesta en marcha de los mencionados 40 carrotanques. Líderes locales señalaron que los vehículos no habían iniciado su operación y acusan que se encuentran parqueados en la base militar de Uribia, sin cumplir aún con su misión de transportar agua. Asimismo, expresaron preocupaciones sobre cómo se procederá con el llenado de estos carrotanques, indicando que no hay claridad acerca de la fuente de agua ni se han contratado conductores para los mismos.

A pesar de haber sido cuestionado en ese momento, ese solo era la punta del iceberg.

Según El Tiempo, la Fiduprevisora, entidad que maneja el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pidió a principio de año indagar posibles irregularidades. De acuerdo con la alerta, una funcionaria “estaría exigiendo coimas a proveedores para gestionar o no interrumpir el pago de contratos en La Guajira, Norte de Santander, Cartagena y el Pacífico”.

Por el lado de los carrotanques, se conoció que se firmó un acuerdo de compra entre la Ungrd y la firma Impoamericana Roger S.A.S. en octubre de 2023. El negocio se hizo bajo el decreto presidencial 2113 de 2022, en el que se declaró situación de desastre nacional por 12 meses y la aplicación de un régimen especial.

Los carrotanques empezaron a entregarse desde noviembre del 2023 y se pagaron 46.800 millones de pesos, lo que implica que cada uno costó alrededor de 1.170 millones de pesos. El Gobierno solicitó carrotanques FAT-CF410, de origen holandés o similares, modelo 2024. Motor Paccar MX-11 y tanque de agua en acero inoxidable. Es ahí donde comienza todo el problema.

Luego de la entrega de los carrotanques, Andrés Idarraga, ahora exsecretario de Transparencia de la Presidencia, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los tres altos mandos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los representantes de las tres empresas involucradas en el caso.

Asimismo, la Contraloría General de la República encontró al menos 10 presuntas irregularidades en el proceso de compra de los carrotanques, incluyendo un presunto sobrecosto de más de 7.760 millones de pesos, por lo anterior se decretaron embargos contra los bienes del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y otros implicados.

La Fiscalía abrió una investigación penal contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres; y los representantes legales de las empresas Luket S.A.S., Brand S.A.S., e Impoamericana Roger S.A.S.

Luego de esto, Olmedo López guardo silencio por un tiempo y aseguró que no hablaría sino hasta que fuera citado. No obstante, Sneyder Pinilla solicitó un principio de oportunidad con la Fiscalía, asegurando tener información de interés para el ente acusador.

Adicionalmente, en una entrevista con Semana Pinilla aseguró que Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de Presidencia y Andrés Idarraga, exsecretario de Transparencia estaban relacionados con el escándalo de corrupción.

Según la declaración de Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz habría sido la “mensajera” para que el presidente del Senado, Iván Name, recibiera 3.000 millones de pesos. Asimismo, se vinculó a Andrés Calle, presidente de la Cámara, por haber recibido 1.000 millones de pesos también relacionados, pero al parecer estaría ligado a un “incentivo” para que se les diera trámite a las reformas adelantadas por el Gobierno.

Por otro lado, Semana reveló chats entre Andrés Idárraga y Olmedo López. Estos chats señalan a Idárraga como parte del escándalo de corrupción en la entidad, especialmente en la compra de los 40 carrotanques con irregularidades.

En respuesta a estas denuncias, el presidente Gustavo Petro ordenó que Sandra Ortiz y Andrés Idárraga se apartaran de sus cargos mientras avanza la investigación. Petro enfatizó que este tipo de situaciones afectan el programa de gobierno y deben ser abordadas con firmeza.

Si bien ya están vinculados varios funcionarios, luego de las declaraciones de Sneyder Pinilla también se mencionó a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y a Carlos Trujillo senador del Partido Conservador.

Trujillo aparece en el escándalo cuando se nombra a Diana Cristina Montoya Giraldo, propietaria de la empresa Impresión Solvente misma que estaba encargada de elaborar estampados para los carrotanques. La investigación apunta a una red de influencias y conexiones familiares y políticas: Jaime Cano del Partido Conservador y diputado de Itagüí, quien además es muy cercano al senador Carlos Trujillo del mismo partido y exalcalde de Itagüí, es suegro de Gloría Chávez, prominente figura en Itagüí y prima de la esposa del senador Trujillo.

Lo que lleva a pensar que hubo un favorecimiento ya que de entrada Montoya había negado tener algún vínculo con ellos, aunque ella realizó una serie de trabajos publicitarios para Cano, incluyendo balconeros, vallas y pasacalles en varios municipios de Antioquia, por un monto total de 50 millones de pesos y un segundo pago de 32 millones de pesos destinado también a publicidad, lo que implica que ya se conocían.

Por el lado de Quintero, Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd, denunció que este tenía cuotas políticas en la entidad.

Por ahora se espera que la Fiscalía avance en la investigación.