Qué pasará con el encargo de Luis Gilberto Murillo como canciller: nueva sanción a Álvaro Leyva dio luces

Con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de prolongar por tres meses más la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán, que estará al margen del cargo hasta el 24 de julio de 2024, uno de los interrogantes que surgen es qué pasará con esta dependencia del Gobierno nacional. Sobre todo, cuando en reemplazo del veterano funcionario fue encargado el hoy embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

La determinación del Ministerio Público podría llevar al presidente de la República, Gustavo Petro, a tomar medidas de fondo sobre esta situación y, con ello, reestructurar su gabinete, ante la prolongada ausencia de uno de sus escuderos en las funciones en la cartera de Relaciones Exteriores. Aunque por el momento, la apuesta del primer mandatario sería que Murillo siga ocupando ambos cargos.

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La decisión de extender la suspensión de Leyva se confirmó en un contexto en el que el futuro político y diplomático de Colombia se ve influenciado por la incertidumbre y los cambios que podrían avizorarse en la Cancillería. En especial, porque mientras el diplomático ocupa ambos cargos, ha sido Daniel Ávila el que ha tenido que reemplazarlo en el país norteamericano,

Según expertos, no se puede mantener la interinidad por más tiempo la embajada en Washington; más aún teniendo en cuenta que 2024 es un año electoral en el país y es vital para continuar con las relaciones bilaterales con uno de sus principales aliados y benefactores. A esto se suma el anuncio del propio Murillo, que había puesto como condición que el encargo como canciller solo fuera por tres meses.

Según el Decreto 0150 de 2024, que fue firmado el 8 de febrero, Petro tiene hasta el 8 de mayo para emitir un nuevo decreto que podría prorrogar la designación de Murillo como canciller, aunque tendría que evaluar un reemplazo para el funcionario en la embajada en el país norteamericano. No obstante, desde la Presidencia no se ha indicado ningún cambio de rumbo respecto a la doble función del diplomático.

En su período como canciller encargado, Murillo ha enfrentado varios desafíos, como la crisis por el tema de los pasaportes, que explotó durante la administración Leyva y es lo que lo tiene suspendido de su cargo. El diplomático tuvo que delinear una nueva ruta a seguir por el Gobierno, ante la solicitud expresa de Petro de no prorrogar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, al considerar la licitación ilegal.

Además, tuvo que hacerle frente al estallido en las relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina por cuenta de las declaraciones del mandatario del país del sur, Javier Milei. Y, a la par de sus funciones como ministro encargado, se ha desplazado cada 15 días a Estados Unidos para cumplir con sus deberes como embajador, por lo que ha tenido que delegar tareas cotidianas en algunos de sus subalternos.

Es válido precisar que con la salida temporal de Leyva se han registrado movimientos de alto impacto en el ministerio de Relaciones Exteriores durante los últimos tres meses. Varios funcionarios cercanos al suspendido canciller fueron retirados de sus cargos o trasladados a embajadas y consulados, lo que supondría una reestructuración al interior de la entidad, que está en el ojo del huracán por sus decisiones.

Pero una de las polémicas desvinculaciones fue la del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, luego de firmar en su momento, como ordenador del gasto, las resoluciones con las que le entregaba a Thomas Greg & Sons la licitación de pasaportes. Pese a que Murillo revirtió la decisión; lo que fortaleció los motivos de la compañía para interponer una demanda por $117.000 millones.

Con este panorama, el futuro político y diplomático de las relaciones internacionales de Colombia se encuentran en una encrucijada. La ampliación de la suspensión de Leyva y la continuidad de Murillo como canciller encargado evidencian lo que sería la complejidad de la política interna, además de las dinámicas cada vez más cambiantes, a las que el Gobierno parece no adaptarse con su interinidad.