Secuestrados dos comuneros indígenas en el Cauca: encontaron un carro abandonado y un celular

La situación de orden público en el departamento de Cauca sigue siendo motivo de gran preocupación, especialmente para las comunidades rurales e indígenas.

El domingo 21 de abril, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció el secuestro de dos comuneros pertenecientes al resguardo de San Andrés de Pisimbala, en Inzá, Cauca. Los ciudadanos fueron identificados como Luis Ángel Liz y Estiven Quinto.

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Los comuneros desaparecido fueron reportados por última vez por sus familiares sobre las 10:17 de la mañana, cuando viajaban desde La Plata, Huila. En su comunicación, los dos miembros de la comunidad indicaron que estaban siendo retenidos contra su voluntad, lo que encendió las alarmas en el resguardo.

Entonces, la autoridad local y la guardia indígena se movilizaron hacia el lugar de los hechos y, horas después de recibir la llamada de los secuestrados, encontraron abandonada la camioneta en la que se desplazaban, junto con el celular de uno de los comuneros.

Según el comunicado del Cric, Luis Ángel Liz llevaba puesta una ruana, mientras que Estiven Quinto vestía una chaqueta negra. La organización ha hecho un llamado urgente a las autoridades y a la guardia indígena para activar los mecanismos de búsqueda en todo el territorio. “Exigimos el respeto a la vida e integridad de nuestros comuneros secuestrados y su inmediato retorno a sus hogares y comunidad”, concluye el mensaje del Cric del domingo 21 de abril.

“Hacemos responsables a la columna Dagoberto Ramos (frente de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central) por los daños físicos y psicológicos que sufran nuestros comuneros”, indicaron en un nuevo comunicado este lunes 22 de abril. En el mismo, informaron que las autoridades afiliadas a la asociación Juan Tama y Nasa Cxhacxha entrarán en minga permanente y llevarán a cabo una movilización, haciendo un recorrido por el territorio, para localizar a los comuneros que fueron secuestrados por ese frente guerrillero.

Leonardo González, director de la fundación Ideas para la Paz (Indepaz) compartió el mensaje de la comunidad indígena, pidiendo que las autoridades atiendan la situación. A esto se sumó el Cric: “Hacemos un llamado humanitario al Gobierno nacional y exhortamos a la comunidad internacional para que se pronuncie frente a los actos de violencia sistemáticos”.

Este hecho de violencia se suma a una serie de ataques recientes contra la población indígena en el Cauca, que ha sido afectada por la presencia de diversos grupos armados ilegales.

Uno de los más graves ocurrió a mediados de marzo, cuando el autodenominado Estado Mayor Central, de las disidencias de la Farc, atacó la minga indígena en Toribío, Cauca. El grupo armado trataba de reclutar a dos menores de edad y, ante la negativa de la comunidad, dispararon; la situación terminó en el asesinato de Carmelina Yule Paví, lideresa del resguardo.

Por eso, el Gobierno emitió el Decreto 0385 del 17 de marzo de 2024, que dispone la suspensión del cese al fuego bilateral entre el Estado y la Disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que entró en vigor desde el pasado miércoles 20 de marzo.

“En consecuencia, se ordena la reanudación de las operaciones militares ofensivas y acciones policiales (...) en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc-EP presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, especifica el documento.

Además de la presencia del EMC, en la zona también se encuentra el grupo guerrillero del ELN, bandas criminales locales y el Ejército Nacional ha hecho que aumenten los combates en la zona. Estos enfrentamientos han dejado a la población civil en una situación vulnerable y de riesgo constante.