Desplazados en Argelia, Cauca: más de 400 afectados por enfrentamientos entre grupos ilegales

La tranquilidad en el municipio de Argelia, situado en el sur del departamento del Cauca, se vio eclipsada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Desde principios de abril de 2024, más de 200 familias fueron forzadas a abandonar sus hogares debido a los combates entre las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia, que sumió a la región en un estado de angustia.

La situación, particularmente grave en los corregimientos de Betania, Los Ángeles y Bolivia, llevó a aproximadamente 400 individuos a huir de la violencia en busca de refugio seguro en la cabecera municipal. Las calles de Argelia ahora albergan a estas familias desplazadas, que encontraron provisionalmente cobijo en el coliseo municipal, mientras las autoridades locales y regionales tratan de mitigar los estragos de este conflicto.

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“Son 240 hombres, 222 mujeres y 62 menores de edad. Como Administración municipal tratamos de brindarles lo que esté a nuestro alcance en materia de ayudas humanitarias. Sabemos lo difícil que es dejar sus casas y sus bienes para salvaguardar sus vidas”, afirmó el secretario de Gobierno del municipio, Pablo Daza, que manifestó la magnitud del éxodo forzado, de acuerdo con el diario El País de Cali.

Ante esta situación crítica, la administración local desplegó esfuerzos para brindar asistencia humanitaria a los afectados, reconociendo la urgencia de proteger la vida y el bienestar de quienes han sido obligados a abandonar sus hogares y sus tierras. Sin embargo, la magnitud del desplazamiento puso de manifiesto las carencias de recursos disponibles, lo que provocó un llamado a las autoridades nacionales.

En este sentido, el alcalde de Argelia, Osman Guaca, pidió al Gobierno nacional, de Gustavo Petro, su intervención de manera más efectiva y ágil para restablecer la paz en la región. “Estamos rogándole al Estado, al señor presidente, al gobernador para que nos acompañe en esta gestión de devolverle la tranquilidad a un territorio como el nuestro”, declaró el alcalde, instando a una pronta solución a esta crisis humanitaria que amenaza la estabilidad del municipio, de acuerdo con el medio en mención.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por priorizar a Argelia como un territorio clave para la transformación territorial, muchos han expresado su decepción frente a la falta de resultados tangibles. La retórica política chocó con la realidad de una comunidad atrapada en medio del fuego cruzado entre facciones armadas, lo que evidenció la urgencia de una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia y promueva la reconciliación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, se llevaron a cabo operaciones militares en el área, específicamente en el Cañón del Micay, donde recientemente fallecieron nueve supuestos miembros de la Segunda Marquetalia en un enfrentamiento con el Ejército colombiano. En el mismo operativo, fue capturado un individuo conocido como Villa, que se señala como el líder principal de este grupo armado.

Alias Villa o Viejo fue capturado en un hospital en Popayán mientras recibía tratamiento médico por heridas sufridas en enfrentamientos con las autoridades. El individuo, identificado como un destacado miembro del frente Diomar Cortés de la Segunda Marquetalia, según el Ejército Nacional, intentó evadir a las autoridades al emplear una identidad falsa.

Se informó que este individuo habría estado involucrado en la organización criminal durante más de seis años y sería responsable de varios actos terroristas contra la población civil y las fuerzas de seguridad en los municipios de Balboa y Argelia. Entre los ataques atribuidos a él se encuentran los dirigidos contra la subestación de energía de El Mango, que afectaron gravemente a las comunidades locales.

Las autoridades también señalaron que su papel dentro de la organización implicaba la captación de recursos a través del narcotráfico y la minería ilegal, así como mantener contactos con narcotraficantes de carteles internacionales para la comercialización de estupefacientes producidos en el departamento de Nariño. Además, se le acusa de ordenar asesinatos colectivos, desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores, lo que resultó en la restricción de la movilidad de la población campesina.