ELN quiere controlar la entrada y salida del carbón en el Catatumbo: mandan como si fueran la autoridad

Actualmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está adelantando unas mesas de diálogo con el Gobierno nacional con el fin de alcanzar la paz. Sin embargo, en medio del cese al fuego bilateral que se pactó entre las partes, hay denuncias de que la guerrilla sigue llevando a cabo acciones criminales contra la población.

En esta ocasión, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, explicó a La FM de RCN la situación de seguridad que enfrentan las empresas y trabajadores que se dedican a la extracción de carbón en la subregión del Catatumbo, ubicada en el noreste de Norte de Santander.

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“Nosotros venimos advirtiendo desde el año pasado una serie de situaciones en materia de orden público y seguridad que se vienen presentando en diferentes regiones del país, que afectan el suministro de carbones, tanto para el consumo nacional, como pasa las exportaciones”, afirmó Cante en el programa radial.

Asimismo, indicó que el ELN pretende controlar la entrada y salida de todos los actores de la cadena de suministro de los carbones en la subregión, exigiendo ciertas tarifas de extorsión a los pequeños mineros y demás trabajadores del sector. Los montos aplican para las personas que tienen camiones en los que se suele transportar carbón o minas. También impactan directamente a aquellos que hacen parte de empresas comercializadoras de este combustible.

Algunos de los que se han visto obligados a pagar las extorsiones se quedaron colgados en las cuotas debido a la disminución del 75% en los precios internacionales de los carbones entre 2022 y 2023. La problemática hizo que los precios nacionales también cayeran, por lo que las extorsiones terminaron siendo “impagables”.

Por eso, el ELN exigió a los comerciantes que compran el carbón del Catatumbo que subieran sus precios. Como consecuencia, varias empresas que operan en la subregión suspendieron sus actividades por falta de garantías de seguridad. Otras, salieron de la zona e, incluso, algunas oficinas que tenían ciertas compañías en Cúcuta (Norte de Santander), fueron trasladadas a Bogotá.

El presidente de Fenalcarbón reveló al medio que hubo una empresa que tuvo que evacuar a trabajadores norteamericanos que llegaron al Catatumbo para poner a funcionar equipos altamente especializados. En vista de que estaban en riesgo de secuestro, los sacaron de la zona utilizando un helicóptero.

La situación en la subregión afecta gravemente la fabricación del combustible fósil en Colombia. Pues, el Catatumbo es una zona que produce, aproximadamente, dos billones de toneladas de carbones térmicos necesarios para la generación de energía, según explicó Cante al medio citado. Además, también se sacan carbones metalúrgicos para la producción de coque bajo en fósforo, que se cataloga como el producto industrial principal en materia de exportación del país.

Asimismo, han recibido documentos en los que la guerrilla enlista cierta cantidad de normativas. “El ELN establece las normas de comportamiento y la regulación del mercado, como si fuera la Agencia Nacional de Minería, la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)”, precisó el funcionario.

Aseguró que, a pesar de que las autoridades tienen conocimiento de lo que está pasando, la posibilidad de que sean protegidos no es mucha. Pues, al parecer, las víctimas debe denunciar y, además, hay que demostrar la guerrilla está incurriendo en una violación del cese al fuego, para que se puedan tomar acciones al respecto. Pero, allá, una denuncia puede significar una sentencia de muerte.

El cese al fuego bilateral con el grupo armado ha generado rechazo debido al accionar criminal que al parecer mantiene todavía. Pues, además del control que quiere ejercer en la comercialización del carbón, recientemente anunció un paro armado en Chocó, que inició el 10 de febrero y terminó el 14 de febrero. El tiempo en que duró el paro tenía un objetivo: llamar la atención sobre la presencia de paramilitares en el departamento y su presunta alianza con el Ejército Nacional.