Paro armado en Caquetá: comunidades indígenas padecen desabastecimiento de alimentos y medicamentos

Una grave situación de orden público están viviendo los habitantes de Solita, Solano, Curillo y Milán (Caquetá), debido a que desde el 20 de enero se decretó ilegalmente un paro armado por parte de presuntos miembros de las disidencias de las Farc. Desde ese momento, los alimentos y medicamentos comienzan a escasear.

Las amenazas por parte de quien sería cabecilla de las disidencias de las Farc fueron conocidas el jueves 1 de febrero a través de un audio difundido masivamente entre los habitantes de los mencionados municipios. En el audio anuncian represalias contra las personas que desobedezcan las instrucciones.

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“Todo el que transite por el río se le va a ‘volar plomo’, se les va a quemar los botes, hasta nueva orden que sea listo”, se escucha en el audio difundido.

El anuncio del paro armado se habría “decretado” ilegalmente a raíz de los múltiples enfrentamientos entre las disidencias de la Farc y otros grupos armados ilegales que operan en la zona.

La situación ya se salió de las manos y la población comenzó a padecer los efectos de las restricciones de libre tránsito fluvial ordenadas por el grupo armado, ya que se ha generado desabastecimientos en el suministro de alimentos y medicamentos.

Por ello, la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) hizo el llamado urgente al Gobierno nacional a establecer un corredor comunitario que permita la movilización de elementos de primera necesidad a las comunidades indígenas de las riveras de los ríos Caquetá y Orteguaza.

“Personas en delicado estado de salud, niños, mujeres en estado de embarazo y personas dela tercera edad, que con ocasión a los graves hechos en materia de seguridad se mantienen en situación de desabastecimiento de alimentos y no cuentan con acceso a medicamentos para la atención de casos graves de salud”, expresó el comunicado oficial de la Opiac.

El llamado fue extendido a organizaciones de derechos humanos y entidades territoriales para que, de manera conjunta, atiendan las necesidades de la comunidad que se ha visto inmersa en el conflicto armado colombiano:

“Presidencia de Colombia, Gobernación del Caquetá, Defensoría del Pueblo, Comité Internacional de la Cruz Roja, Alcaldías Municipales y Personerías de Caquetá afectados por el confinamiento, Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH, MAPP OEA, ONU Derechos Humanos, Human Rights Watch, Misión de Verificación de la ONU, proceder con las acciones necesaria y cooperación conjunta tendiente a establecer un corredor humanitario que permita de manera inmediata el acceso de las comunidades ribereñas a alimentos, medicamentos y atención en materia de salud (sic)”.

Asimismo, solicitaron a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), “para que en el marco de sus funciones adelante las actividades para la atención de las comunidades víctimas del conflicto que se encuentran afectadas en sus derechos”, y a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Csshhpi, para ejecutar acciones legales que garanticen el rápido avance del corredor humanitario.

El 2 de febrero, en relación con el paro armado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó la pronta reacción de la Fuerza Pública para retomar el control de los municipios caqueteños:

“Se hace imperativo que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo debido al paro armado que tiene afectados a los moradores de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo”.

En ese momento, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se encontraban dando apertura a un corredor humanitario; no obstante, se presume que haya sido una apertura temporal, por lo que se hace necesario una solución definitiva a la crisis de seguridad que enfrenta esa región de Colombia.

“El corredor humanitario ya fue habilitado y en este momento es acompañado por servidores públicos de la entidad garante de los derechos humanos en el país, además de otros representantes de organismos nacionales e internacionales”, informó el 2 de febrero la Defensoría del Pueblo.