Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados para la jurisdicción agraria y rural

El tribunal señaló que está a la espera de que el Gobierno nacional aporte $40.000 millones para la creación de los despachos judiciales restantes

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Los circuitos estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que el primer tribunal funcionará también en la capital de Boyacá - crédito José Miguel Gómez/Reuters
Los circuitos estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que el primer tribunal funcionará también en la capital de Boyacá - crédito José Miguel Gómez/Reuters

El Consejo Superior de la Judicatura anunció el miércoles 22 de noviembre de 2023 la creación de varios despachos judiciales que conformarán la jurisdicción agraria y rural.

El encargado de hacer el anuncio fue el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, que aseguró que la corporación, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023, aprobó la creación de un tribunal y, además, cinco juzgados de circuito.

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Durante el XIII Conversatorio Nacional y III Internacional de la especialidad Civil, Agraria y Rural, el magistrado explicó que la corporación realizó un esfuerzo presupuestal y un estudio juicioso de la demanda de justicia en el país, para crear el primer Tribunal Agrario y Rural, con sede en Tunja (Boyacá), y conformado por una sala de tres magistrados con competencia a nivel nacional.

Adicionalmente, fueron creados cinco circuitos agrarios y rurales en Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó. Las zonas fueron localizadas por los ministerios de Agricultura y de Justicia, teniendo en cuenta volúmenes demográficos y rurales, y los planes de desarrollo con enfoque territorial.

“Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas, permitiendo dirimir y resolver de manera justa las controversias existentes en materia de tenencia y uso de la tierra en Colombia”, afirmó el magistrado Rodríguez Guzmán.

Por su parte, la magistrada del Consejo Superior, Gloria Stella López Jaramillo, quien también participó en el conversatorio, afirmó que la corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el Gobierno nacional aporte $40.000 millones, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes.

El presidente del Consejo Superior fue enfático en señalar que el Gobierno deberá cumplir con su compromiso de garantizar oportunamente los recursos de la Judicatura para completar los 65 despachos restantes y su planta de personal.

Finalmente, la magistrada Gloria López fue indicó que los jueces y magistrados de la jurisdicción agraria y rural deberán incorporar medidas con enfoque diferencial para las mujeres que, en la ruralidad, han enfrentado barreras particulares para el ejercicio de sus derechos.

La función de la jurisdicción agraria y rural

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, resaltó y celebró el anuncio del Consejo Superior de la Judicatura de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural, con la creación en firme de los primeros cinco Juzgados de Circuito - crédito Ministerio de Agricultura
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, resaltó y celebró el anuncio del Consejo Superior de la Judicatura de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural, con la creación en firme de los primeros cinco Juzgados de Circuito - crédito Ministerio de Agricultura

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, señaló que en el Gobierno nacional pretende avanzar en la reforma agraria con objetivos claros, y destacó como grandes logros el reconocimiento del campesinado como objeto de derechos y especial protección y la implementación de la jurisdicción agraria.

“La jurisdicción agraria y rural es la otra cara de la moneda de nuestra Reforma Agraria, que tiene una dimensión nunca vista. Hoy los ojos del mundo están sobre Colombia, no sobre el presidente Gustavo Petro y su Gobierno. [Lo] que supone la compra y distribución de un millón y medio de hectáreas de las mejores y fértiles tierras del país, a lo que se suma un gran plan de formalización y reconocimiento de la propiedad”, manifestó la jefe de cartera.

La justicia agraria tiene varios aspectos hacia los cuales se debe dirigir las acciones: garantizar el acceso efectivo a la justicia del campesinado, que ha sido la víctima principal de la violencia; resolver conflictos que surgen entre la propiedad de la tierra y la producción; establecer mecanismos para resolver conflictos agrarios que tiene que ver con temas ambientales y étnicos; y asegurar que la reforma rural sea sostenible en el tiempo, entre otros.

“Soñamos con la humanización de la justicia en el campo, soñamos con una Jurisdicción Agraria y Rural que consulte realmente las dificultades sociales y políticas que tenemos en nuestros territorios, que estas comunidades se sientan como parte líder del proceso de construcción a partir de decisiones que den seguridad y certeza jurídica, que generen confianza a las comunidades. Es el sueño”, concluyó Mojica.