Defensoría del Pueblo criticó la “improvisación” del Gobierno Petro en la implementación del Acuerdo de Paz

La Defensoría del Pueblo presentó el martes 17 de octubre el cuarto informe sobre el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc.

En el documento titulado Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la entidad garante de los derechos humanos dejó en evidencia problemas de articulación interinstitucional y altos niveles de “improvisación”.

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Como uno de los principales hallazgos, resaltó que la parte primordial del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la cual es la ejecución de proyectos productivos de ciclo largo, solamente registra un avance del 2% de un total que involucra alrededor de 100.000 familias en todo el país.

La Defensoría señaló que la capacidad de intimidación de los actores armados ilegales y la ausencia estatal en las regiones hace necesaria la presencia efectiva del Estado para que garantice la implementación de las políticas públicas en los territorios.

El informe concluye que deben ser priorizadas aquellas regiones que registran las mayores afectaciones de derechos asociadas a la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como es el caso de los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander.

Estas regiones, a su vez, registran los más bajos niveles de avance en la implementación del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“A la fecha, el incremento de la minería ilegal ha desplazado a las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, lo que ha generado nuevos espacios de violencia y ha acrecentado el poder zonal de esos grupos, impidiendo la ejecución de las órdenes de restitución de tierras y ocasionando nuevas revictimizaciones, nuevos desplazamientos, nuevos despojos, y la muerte de muchos líderes sociales impulsores de estos programas. Dada la difícil situación, es necesaria la presencia efectiva del Estado para garantizar que las políticas públicas puedan ser implementadas en los territorios”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El funcionario también advirtió que la política de Paz Total no debe afectar la implementación del Acuerdo Final de Paz:

“Porque ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el Acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”, puntualizó.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a pesar de que, a comienzos de 2023, envió algunas recomendaciones puntuales que debían ser atendidas de manera inmediata por la institucionalidad —entre ellas, la necesidad de garantizar la participación de la comunidad en la implementación de muchos de los compromisos—, la articulación entre las diferentes entidades del Estado no se ha dado de manera efectiva.

Las diferentes partes del Estado, de acuerdo con la Defensoría, están llamadas a cumplir los compromisos y el llamado a garantizar la seguridad en los territorios, de manera que los diferentes programas en ejecución pudieran avanzar.

“En nuestro más reciente informe ya habíamos advertido que era evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y, por ende, de implementación de los puntos del Acuerdo Final, además identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, añadió Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo reiteró que para lograr una adecuada coordinación en la ejecución y seguimiento de los compromisos y garantizar celeridad en su cumplimiento, es necesario que no se concentren en el alto comisionado para la Paz todas las funciones alusivas a la implementación del Acuerdo.

“El Acuerdo de Paz necesita un impulso que se materialice en la mejora de cada uno de los indicadores, los cuales miden el nivel de implementación, ya que, conforme a las cifras que detallamos en el presente informe, no muestran diferencias significativas”, finalizó el defensor del Pueblo.