Exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue destituido e inhabilitado por 10 años por corrupción

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus con destitución e inhabilidad de 10 años por irregularidades en la contratación de servicios de salud en el departamento.

El motivo fue su omisión en el control y vigilancia de las actividades contractuales durante su periodo como gobernador, lo cual resultó en el pago de un millonario monto sin la debida celebración de acuerdos de voluntades con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

De acuerdo con la Procuraduría, se pagaron más de 7.800 millones de pesos por servicios de neurrehabilitación sin contar con los acuerdos legales necesarios con las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S. Esos servicios iban dirigidos a la población de bajos recursos no cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

La decisión del Ministerio Público indica que la omisión fue responsabilidad directa de Lyons por no supervisar adecuadamente las facultades delegadas a los exsecretarios de Desarrollo y Salud.

Además de Lyons, la Procuraduría también sancionó a Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán, que tendrán una inhabilidad de nueve años, y a Edwin de Jesús Preciado, inhabilitado por ocho años.

Se trata de exsecretarios de Salud que ejercieron entre 2014 y 2015. En el caso de Gaines Acuña, el organismo de control encontró que emitió dos resoluciones en 2014 que ordenaron el pago de 1.193 millones de pesos por servicios de rehabilitación en salud a las IPS Girasoles y Crecer y Sonreír sin celebrar previamente los respectivos acuerdos necesarios.

Por su parte, Aruachán Narváez dispuso pagos por aproximadamente 6.000 millones de pesos a las tres IPS mediante diez actos administrativos en 2014, sin el proceso contractual formal.

De igual forma, Aruachán Narváez ordenó el pago de 628 millones de pesos a la IPS Girasoles en 2015, también omitiendo los procedimientos legales para la realización de acuerdos de voluntades.

Por todo ello, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 determinó que los funcionarios públicos incumplieron el principio de economía y responsabilidad en la contratación y gasto por utilizar presupuesto sin seguir la legislación vigente para la seguridad social en salud.

En consecuencia, consideró que las faltas cometidas son gravísimas, debido a la negligencia en los procesos de contratación, por lo cual decidió compulsar copias del fallo a la Fiscalía General de la Nación por determinadas actuaciones que podrían ser meritorias de investigaciones penales.

El fallo de la Procuraduría es sujeto de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la entidad, que es competente para revisar la sanción impuesta.

El cartel de la hemofilia es un escándalo de corrupción que afectó al departamento de Córdoba, Colombia, durante las gestiones de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, con el respaldo del entonces senador Musa Besaile, que dejaron al descubierto un complejo entramado de malversación de fondos.

En esta maniobra corrupta, los líderes gubernamentales desviaron recursos provenientes de regalías del departamento y fondos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP), utilizando prácticas como sobrecostos y cargos por servicios de salud inexistentes o ficticios. Estos fondos fueron canalizados hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para, posteriormente, ser usados por los implicados en enriquecimiento personal o financiamiento de campañas políticas.

Por eso, luego de varios años de investigaciones, el martes 8 de agosto, la Corte Suprema de Justicia tenía programada una audiencia de formulación de acusación en contra de los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile.

La Corte expresó su inquietud respecto a las reiteradas solicitudes de aplazamiento presentadas por el abogado Álvaro José Lyons. Estas se basan en razones de salud, lo cual generó preocupación en la Sala debido a la coincidencia de diversas patologías justo en momentos cruciales del proceso. Además, se señaló la extrañeza de que la defensa de Lyons no haya podido conectarse a las audiencias virtuales ni designado a un defensor suplente para representar a su cliente en su ausencia.

En respuesta a la solicitud de aplazamiento, la Corte pidió una investigación detallada sobre las incapacidades médicas presentadas por el abogado, solicitando a la profesional de la salud que atendió a Álvaro José Lyons que explique en detalle el diagnóstico otorgado y las razones científicas o médicas detrás de la incapacidad.

De igual manera, ordenó a Medicina Legal que certifique el estado de salud del abogado y analice su historial clínico para emitir un concepto respecto a la legitimidad de las incapacidades laborales presentadas.