La CPI reabrió la investigación sobre la guerra antidrogas de Rodrigo Duterte ante inconsistencias en las pruebas

La Corte Penal Internacional (CPI) aprobó la petición de la Fiscalía de reabrir la investigación sobre la cruenta guerra contra las drogas emprendida durante el mandato del ex presidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), que fue suspendida temporalmente en noviembre de 2021.

Un comunicado divulgado por la CPI se asegura que la decisión responde a que la corte “no está satisfecha” con las pesquisas llevadas a cabo en Filipinas.

“Tras haber examinado el material enviado por el Gobierno de Filipinas, el Fiscal de la CPI, así como haber analizado las observaciones de las víctimas, esta corte concluye que las iniciativas domésticas no resultan en pasos concretos o tangibles”, dice el tribunal.

La investigación había sido suspendida temporalmente en noviembre de 2021, respondiendo a una petición del Gobierno filipino, entonces liderado por Rodrigo Duterte, de aplazarla mientras el país llevaba a cabo sus propias indagaciones.

De nuevo, ya con el presidente Ferdinand Marcos Jr. a los mandos, Manila solicitó a la CPI el pasado septiembre que rechazara la petición del fiscal, Karim Khan, de reiniciarla, afirmando haber enviado a la corte un “informe sobre el progreso” de las pesquisas.

Ahora, Marcos Jr., quien asumió el poder el pasado junio y gobierna en tándem con la hija del ex mandatario y actual vicepresidenta, Sara Duterte, tendrá que decidir si colabora o no con la investigación de la CPI, habiéndose mostrado inicialmente reticente a hacerlo.

En agosto, el dirigente, hijo del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, anunció que “no tiene intención” de reincorporar a Filipinas a la CPI, de la que Duterte sacó al país en 2019, a raíz del inicio de los “análisis preliminares” para determinar si investigaba los posibles crímenes cometidos durante su mandato.

Marcos Jr. ha negado la entrada al país a la CPI y ha defendido que la Justicia filipina tiene capacidad de investigar por sí sola.

En diciembre, la Oficina de Inteligencia filipina anunció que investigará los certificados de defunción de las víctimas de las operaciones antidroga, por las que miles de personas fueron abatidas durante redadas policiales, muertes que quedaron a menudo registradas como fallecimientos naturales, según análisis forenses.

Desde la llegada al poder de Duterte en junio de 2016, las operaciones antidrogas amparadas por su Gobierno se cobraron la vida de unas 30.000 personas, según varias organizaciones, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad, el foco de las investigaciones de la corte de La Haya.

Por su parte, la Policía filipina solo reconoce 6.200 muertes.

Pese a que Filipinas ya no forma parte de la CPI, el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad siempre que el país investigado formara parte de la corte cuando los hechos acaecieron, como sucede en este caso.

Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rigths Watch, consideró este viernes la reanudación de la investigación de la CPI, que en teoría implica que el fiscal busque pruebas inculpatorias contra los presuntos responsables de los crímenes, como la “única vía creíble para hacer justicia a las víctimas y sus familias”.

(Con información de EFE)

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