Un informe de Amnistía Internacional detalla las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, en el caso de América Latina, puso énfasis a las violaciones que se cometen en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La ONG responsabilizó al régimen venezolano de casos de “desaparición forzada y tortura”, al cubano de “hostigamiento, persecución y encarcelamiento” de disidentes y, en el caso de Nicaragua, señaló que persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.

AI responsabilizó al régimen de Venezuela por casos de desaparición forzada y tortura, prácticas especialmente aplicadas contra opositores.

“La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos” forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”, dice el texto, que cita reportes de varias organizaciones no gubernamentales sobre atropellos de las autoridades contra los ciudadanos.

AI explicó que estas víctimas comparecen ante un tribunal, son “acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego “trasladadas a un centro militar o policial” donde permanecen “meses, o incluso años, en espera de juicio”.

Durante el período de observación, cuya fecha de comienzo y corte no son explicadas en el informe, “persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos”, subrayó la organización.

A juicio de AI en el país sudamericano hay una “política de represión aplicada por el Gobierno”, por lo que “quienes criticaban” al Ejecutivo “eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, con la aquiescencia del sistema judicial”.

Según el documento “quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos”.

A mediados de marzo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el uso indiscriminado del concepto “desaparición forzada” cuando se produce una detención de opositores o activistas señalados por delitos, en cuyos casos -aseguró- el Estado actúa conforme a derecho.

El informe también recoge valoraciones sobre la “falta de acceso a derechos económicos y sociales” de los ciudadanos y cómo esto motivó protestas a las que las fuerzas de seguridad “respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas”.

Además, AI dijo que las condiciones de las prisiones y los centros de detención “siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua”.

“La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal”, añadió el informe, sin datos más específicos al respecto.

La ONG denunció que en Cuba “continúa la represión de la disidencia” mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas y periodistas.

En su documento, que resume lo más relevante del año por países, la organización, con sede en Londres, aseguró que en la isla persistieron en 2023 los ataques a defensores de derechos humanos y que, en algunos casos, estos se encuentran en la cárcel “sin el debido proceso”.

AI lamentó que, a día de hoy, Cuba no cuente con una institución nacional de derechos humanos “conforme con los Principios de París” y que La Habana no deje entrar en el país a organizaciones internacionales de derechos humanos, como la propia AI.

En ese mismo sentido, la ONG censuró que las autoridades isleñas impidan a los medios de comunicación internacionales acceso a los juicios contra disidentes. Y calificó como “generalizados” hechos como la vigilancia de activistas, opositores, periodistas y artistas críticos.

AI recordó que, según cifras de la organización Justicia 11J, un total de 793 personas aún se encuentran detenidas tras haber participado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas.

Puso de relieve los casos –y la situación– de distintos disidentes que están tras las rejas. Por ejemplo, recordó a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo ‘Osorbo’, a los que considera presos de conciencia, y quienes fueron condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

La ONG subrayó que su proceso se efectuó “sin las debidas garantías” y que su “integridad física y mental corría peligro debido a las duras condiciones de reclusión”.

AI también hizo hincapié en el operativo policial que le siguió a las manifestaciones que se registraron el 6 de mayo de 2023 en la localidad oriental de Caimanera, en la que se registraron actos de “violencia física” de parte de los agentes en contra cubanos que participaron en las movilizaciones.

En ese sentido, subrayó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.

En la Nicaragua gobernada por Daniel Ortega desde el 2007, persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nicaragüense desde abril de 2018, según el informe de la ONG.

En el reporte, Amnistía Internacional explicó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, concluyó en marzo pasado que tenía motivos razonables para creer que las autoridades al más alto nivel, incluidos el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llevaban participando desde abril de 2018 en violaciones de derechos humanos y actos que constituían crímenes de lesa humanidad.

Destacó que el GHREN recomendó a la comunidad internacional que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua y apoyara a la sociedad civil.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea pidieron al régimen de Ortega que investigara las violaciones de derechos humanos y garantizara la justicia, anotó.

“Al concluir el año (2023), sin embargo, no se había emprendido investigación alguna y los delitos seguían impunes”, advirtió AI.

Por el contrario, alertó, el Ejecutivo sandinista había seguido aplicando sus tácticas represivas, lo que hacía casi imposible defender los derechos humanos en ese país.

(Con información de EFE)