Medellín incrementa sus controles contra el turismo sexual tras el reciente caso de abuso a dos niñas

Medellín, la ciudad colombiana que alguna vez se enorgulleció de su transformación urbana y cultural, se enfrenta hoy a una compleja realidad: el aumento del turismo sexual que en muchos casos incluye la explotación de menores de edad.

El pasado 28 de marzo, un estadounidense de 36 años fue encontrado en una habitación en el hotel Gotham, ubicado en el barrio El Poblado, acompañado de dos niñas de 12 y 13 años. A pesar de que la policía tuvo pruebas materiales del presunto abuso, el sospechoso fue liberado y logró huir del país, generando cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento.

El caso, al igual que otras similares ocurridos en la ciudad, revela la incapacidad —e incluso la complicidad— de las autoridades colombianas para combatir la trata de personas y el abuso sexual infantil.

El martes, la Interpol, en colaboración con la Policía y la Fiscalía colombiana, emitió una circular azul en contra de Timothy Alan Livingston, acusado de explotación sexual de menores de edad.

Según datos del Observatorio de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en la ciudad. Una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.

La capital del departamento de Antioquia se ha transformado en un destino mundial del turismo sexual, en donde extranjeros contactan por internet a empresas supuestamente de turismo pero que en realidad hace parte de redes trata.

Tras el reciente caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó “la suspensión temporal” del trabajo sexual, que no está penalizado ni regulado en Colombia, en los alrededores de cuatro parques en el turístico y lujoso sector de El Poblado. Además, redujo los horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos con venta y consumo de alcohol en esa zona. La medida que, si bien busca frenar la explotación, ha generado polémica.

Recientemente, comerciantes del sector protestaron contra la medida de cierre de establecimientos a la 1:00 de la mañana impuesta por la Alcaldía.

El miércoles, Gutiérrez, en la salida de migración del aeropuerto José María Córdova de Medellín, repartió volantes a los turistas con consignas contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

“Cambiemos la matriz turística, esos turistas que solo porque traen dólares y muchos, pero vienen a cometer delitos, no nos interesan esos dólares por más que sea un tema económico”, dijo a medios locales Gutiérrez, sobre la campaña ¡Ni lo intentes, es un delito!

Valery P. Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, aclara que los delitos sexuales y el ejercicio de trabajo sexual de personas adultas mayores de edad que lo hacen de forma voluntaria y autónoma son dos cosas distintas, que no puede ser equiparadas.

“El gobierno actual está aquí parando todo. Y con este nuevo decreto no está solucionando el delito sino que está incrementando la problemática. ¿Por qué? Porque está generando un discurso de odio y una persecución directa a las miles de familias que se proveen del ejercicio del trabajo sexual, ya que le da el poder y la potestad a las autoridades, en este caso a la policía, para que puedan sacar, para que puedan violentar, para que puedan perseguir a las mujeres que están en este ejercicio y también están persiguiendo a los extranjeros que simplemente están aquí también para pagar un servicio con una mujer que lo hace de forma voluntaria”, dijo Ramírez en diálogo con Infobae.

Otros analistas señalan que esta decisión, si bien puede tener un impacto simbólico, corre el riesgo de empujar estas actividades a la clandestinidad, sin afectar realmente a las poderosas redes de proxenetas y tratantes de personas que se lucran de este negocio.

Para Tyler Schwab, representante de la ONG Libertas International, la medida tomada por las autoridades de Medellín es positiva. Y señala que si no hay consecuencias por los hechos recientes es como si la ley no existiera. También pide que los dueños de los lugares de hospedaje, como hoteles y departamentos, sean también responsables ante la ley.

“La mayoría de las víctimas que nuestro organización asiste han sido abusadas en una finca o un Airbnb”, dijo Schwab en diálogo con Infobae.

“Muchas de la menores son abusadas por primera vez por extranjeros, y hemos tenido casos de niñas que han sido abusadas por más de seis personas. En nuestra organización asistimos hoy en día a unas 87 niñas víctimas de abusos sexuales en la ciudad de Medellín”, agrega Schwab.

Por su parte, Ramírez explica que una de las propuestas que hacen desde el sindicato de trabajadoras sexuales es abrir un espacio de diálogo y escucha con los actores afectados.

“Hay que abrir el diálogo para combatir los delitos sexuales, no para criminalizar a las personas que están detrás de este ejercicio. En esta mesa de diálogo se tiene que construir una agenda en pro de acciones afirmativas para dar solución, proteger y dar garantías, no para excluir, criminalizar, revictimizar y violentar a las personas que están ejerciendo actividades sexuales pagas”, dijo Ramírez.

Medellín se encuentra en una encrucijada. Por un lado, busca recuperar su imagen de ciudad transformada, libre de los estigmas del pasado. Pero por el otro, debe enfrentar una compleja realidad que parece haberse enquistado en sus calles, una realidad marcada por la explotación sexual, la trata de personas y el abuso de menores.

En noviembre de 2023, Jaymes Schulte, luchador de artes marciales mixtas (MMA), fue detenido en Miami y se enfrenta a una posible condena de hasta 30 años de prisión por abuso sexual a menores. En una investigación conjunta, las autoridades de Colombia y Estados Unidos determinaron que el atleta visitó el país sudamericano en diez ocasiones entre 2018 y 2022, y estableció vínculos con una red de trata infantil en Medellín.

Schulte contactó a través de redes sociales a una red de trata en Colombia de la cual se convirtió en cliente. De acuerdo con las investigaciones, el luchador abusó de unas 18 niñas que tenían entre los 4 y los 13 años. Por cada menor, ofrecía entre 37 y 75 dólares. Según los testimonios, sometió a sus víctimas a todo tipo de actos denigrantes.

En 2023, el ciudadano estadounidense Michael Wayne Roberts fue condenado a siete años de prisión por una corte federal de Austin, Texas, por haber incurrido en conductas sexuales ilícitas con menores en la capital antioqueña durante la pandemia de COVID-19. El hombre, de 41 años, fue hallado culpable de pagar por actos sexuales a tres adolescentes colombianas, de entre 13 y 15 años.

Roberts alquilaba apartamentos de alojamiento temporal mediante plataformas online para abusar sexualmente de las menores, informó el diario El Tiempo. Las víctimas, originarias de sectores populares, fueron llevadas a diferentes barrios de la capital antioqueña incluyendo El Poblado, Envigado, Itagüí y Buenos Aires.

Y en agosto de 2023, las autoridades colombianas capturaron a Krishan Agarwal. Conocido en redes sociales como Orion Depp, el estadounidense es señalado de abusar de sexualmente de menores de edad en Medellín.