La política de Lula da Silva para Petrobras y Vale hizo caer las acciones de las dos compañías más grandes de Brasil

En un solo día, el 8 de marzo, la petrolera nacional Petrobras perdió 55.300 millones de reales en bolsa, unos 11.126 millones de dólares, más del 10% de su valor de mercado, mientras que desde el comienzo de febrero la principal minera de Brasil, Vale, ha visto quemarse 48.300 millones de reales, 9.718 millones de dólares, perdiendo cerca del 21% de su valor desde el comienzo de 2024 informó Bloomberg.

El mercado reaccionó así a las recientes decisiones del gobierno Lula, que alcanzaron su punto crítico esta semana, encendiendo la polémica. En contra de la recomendación de la dirección de Petrobras, el consejo de administración decidió no pagar dividendos extra a sus accionistas. Sin embargo, hace quince días, el presidente de Petrobras, Jean-Paul Prates, había anunciado en una entrevista con la misma Bloomberg que la política de dividendos de la empresa sería más prudente para fomentar la inversión en energías renovables, pero que el 50% de las cantidades extraordinarias calculadas el año pasado se distribuirían como dividendos. La otra mitad se pagaría más adelante. Decisivo para el cambio de rumbo, informa la prensa brasileña, fue el voto del Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

El presidente Lula, en lugar de apaciguar los ánimos, ha echado más leña al fuego al atacar públicamente en los últimos días a un mercado que calificó de “dinosaurio voraz que quiere todo para sí y nada para el pueblo”. Luego añadió que Petrobras “no debe pensar en los accionistas, sino en los 200 millones de brasileños que son dueños de esta empresa”. Sin embargo, estos dividendos extra también los habrían disfrutado aquellos pequeños accionistas que depositaron sus ahorros en una de las principales empresas de Brasil. Además, son precisamente los accionistas minoritarios los que han demandado a la Comisión de Valores Mobiliarios del Banco Central que verifique las operaciones atípicas que han provocado fluctuaciones en la cotización de Petrobras el 28 de febrero, al día siguiente de la entrevista de Prates con Bloomberg. “Horas antes de la publicación de la entrevista, que provocó el primer desplome de las acciones de la estatal en bolsa, se compraron millones de opciones, como si alguien estuviera anticipando lo que iba a ocurrir”, reza el documento de la denuncia.

“Las empresas, estatales o no, no responden ante el gobierno o el presidente. Eso es propio de dictaduras”, comentó Ricardo Rangel en el semanario Veja, añadiendo que “en las democracias, donde existen leyes societarias claras y sólidas, las empresas responden ante sus consejos de administración, que a su vez responden ante los accionistas. En las democracias, el mercado no necesita la ‘ayuda’ del gobierno. Necesita que el gobierno establezca normas claras y justas, que supervise adecuadamente y que no se entrometa”. Sin embargo, hay que recordar que incluso durante el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro, Petrobras había sufrido el intervencionismo del gobierno. En 2021 Bolsonaro había despedido al entonces presidente de la compañía, Roberto Castello Branco, tras el anuncio de un aumento del precio del diésel y las amenazas de huelga de los camioneros.

Entre las decisiones tomadas por Lula esta semana, siguiendo su estrategia firme de “más Estado” en la economía, estuvo la de dar al Ministerio de Economía uno de los seis puestos que el gobierno tiene, como principal accionista, en el consejo de administración de Petrobras. Tampoco pasó desapercibido en una semana llena de polémicas el viaje de algunos de los ejecutivos petroleros a Venezuela invitados por el dictador Nicolás Maduro. El destino de la visita fue el Lago de Maracaibo, epicentro petrolero del país. Petrobras intenta expandirse en Venezuela, pero hasta ahora no ha cerrado ningún acuerdo con Maduro. Sin embargo, el diario O Estado de São Paulo comparó en un editorial la actual política del gobierno de Lula sobre Petrobras con la de Hugo Chávez para la petrolera venezolana PDVSA. “Seamos claros, de eso se trata: del intento de convertir a Petrobras en un instrumento al servicio de la demagogia lulopetista rampante, tal como se hizo en la Venezuela chavista. Es lo que hizo la dictadura en Venezuela con PDVSA, que era una de las mayores petroleras del mundo y que, empobrecida por el populismo de los camaradas Chávez y Maduro, se ha convertido en una colosal ruina mientras hoy casi el 80% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza”, reza el editorial.

Que el gobierno de Lula estaba interesado en la Teoría Monetaria Moderna (TMM), que predica, hasta ahora sin mucho éxito, la intervención de cada vez más Estado en la economía sin importar si la inflación se dispara, se había visto desde el inicio de su mandato. En aquel momento había puesto sus ojos en economistas como Gabriel Galípolo, actual director de Política Monetaria del Banco Central y probable nuevo presidente de esa entidad cuando Roberto Campos Neto termine su mandato el próximo enero. Aunque Galípolo ha negado desde entonces su cercanía a esta criticada visión de la economía, figuraba entre los expertos de un trabajo de 2022 del Centro de Economía Política del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, el Cebri, que justamente defendía las políticas inspiradas por la TMM. El centro está coordinado por André Lara Resende, otro devoto de esta visión de la economía y miembro del núcleo económico del gobierno de transición de Lula a finales de 2022.

Pero de la teoría a la práctica el escenario ahora parece complicarse, como sostienen estos días muchos economistas, que comparan el tercer mandato de Lula con el segundo de Dilma Rousseff, aquel en el que el país vivió su peor recesión económica desde el retorno de la democracia, en 1985. Para el economista Samuel Pessôa, el uso que el gobierno hace hoy de Petrobras es el mismo que el de los anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. “Petrobras se utilizó como instrumento de la política de desarrollo económico. El principal problema fue el error del proyecto. Pensar que era posible apoyar el desarrollo de un país a partir de la actuación de una gran empresa petrolera y, con ello, apalancar una industria naval, una industria de plataformas y una industria de refinación. Hemos visto el resultado. La petrolera se convirtió en la más endeudada del mundo y atravesó una grave crisis”, dijo Pessôa en una entrevista a O Estado de São Paulo.

Durante el segundo mandato de Lula (2006-2010), Petrobras practicó precios muy superiores a los aplicados en el extranjero a costa de los consumidores, todo con el fin de acumular recursos para apoyar los controvertidos proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). En los dos gobiernos de Dilma Rousseff (2010-2016), Petrobras acumuló miles de millones en pérdidas, absteniéndose de subir el precio del combustible para contener la inflación y permitir que el Banco Central bajara artificialmente el tipo de interés básico. Tras ser socavada por el Petrolão, el escándalo de corrupción del PT destapado por la Lava Jato, Petrobras había recuperado ganancias y reputación, logrando un lucro líquido de 124.600 millones de reales (25.067 millones de dólares) en 2023, superado sólo por el récord de 188.300 millones de reales (37.882 millones de dólares) registrado en 2022.

La principal empresa minera de Brasil, Vale, también estuvo en el punto de mira de Lula, que hizo todo lo posible por imponer un nuevo presidente de su elección, el ex ministro de Economía Guido Mantega. Durante el gobierno de Dilma Rousseff, Mantega adoptó una serie de medidas que se conocieron como la “nueva matriz económica”, que incluían recortes de impuestos, reducción de las tarifas energéticas y control de los precios de los combustibles. El objetivo era aumentar la productividad de la industria, pero estas medidas al final condujeron al desastre económico de 2014. En Vale, cuyo 91,3% del capital es privado, el gobierno Lula está representado en el consejo de administración por Previ, el fondo de empleados del Banco do Brasil, que posee el 8,7% del capital. Aunque Lula declaró que el nombramiento de Mantega era simplemente una cuestión de “gratitud” al ministro que le ha apoyado en momentos difíciles, personas cercanas a la empresa dijeron a O Estado de São Paulo que este nombramiento era una manera para que “Vale fuera más sensible a los programas del gobierno”. Por otra parte, el propio Lula declaró en una entrevista a RedeTV que “Vale no puede pensar en ser la dueña de Brasil” y que “debe estar en línea con la visión de desarrollo del gobierno”.

Sin embargo, crecen ahora unas voces disonantes. El martes, José Luciano Duarte Penido, un miembro independiente del consejo de administración de Vale, presentó su dimisión, denunciando en una carta pública la “clara y nefasta influencia política” en la empresa en relación con la sucesión del actual presidente Eduardo Bartolomeo, cuyo mandato, que debería haber terminado en mayo, fue prorrogado en diciembre en una reunión extraordinaria del consejo. “Mi actuación como miembro independiente del consejo se ha vuelto totalmente ineficaz, desagradable y frustrante”, afirmó Penido en la carta. Vale respondió a las acusaciones del consejero afirmando que la actuación del consejo “cumple estrictamente los estatutos” en el proceso de definición del presidente de la compañía y también “los reglamentos internos y las políticas de la empresa”.

Este escenario, sin embargo, parece ser sólo el principio de una injerencia estatal cada vez más fuerte en la economía del país. Hace dos días, el ministro de la Casa Civil Rui Costa anunció que el gobierno hará más cambios en los consejos de administración de otras empresas “para oxigenarlas”. Muchos, y no sólo economistas, se preguntan a quién beneficia todo esto. Los inversores extranjeros se están asustando. En la sesión del 11 de marzo retiraron de la bolsa 1.076 millones de reales, unos 216,5 millones de dólares. En marzo el saldo fue negativo en 5.658 millones de reales (1.138 millones de dólares) y, desde enero, en 23.008 millones de reales (4.629 millones de dólares).

En dirección opuesta a esta estrategia de más Estado en la economía, el gobierno Lula ha continuado la ola de concesiones a particulares de parques naturales en el país que había comenzado bajo Bolsonaro. El pasado 28 de enero, la concesión del Parque Nacional de Jericoacoara, una de las postales del nordeste brasileño, en el estado de Ceará, salió a subasta y se la adjudicó un consorcio privado, el Consorcio Dunas, por un importe de 61 millones de reales, unos 12 millones de dólares. Una de las empresas del grupo ya gestiona otros paraísos naturales brasileños, como el Parque de las Cataratas de Iguazú y el Parque de la Isla de Fernando de Noronha. Para el ex Secretario de Turismo del estado de Ceará, Arialdo Pinho, “ahora que el parque de Jericoacoara ha sido privatizado, cualquier espacio podrá tener hoteles y todo tipo de atracciones turísticas dentro del parque. Esto es una traición al turismo y a los intereses de la población local”, afirmó tajante.