Persecución en Nicaragua: la dictadura de Daniel Ortega cerró la escuela de negocios INCAE y ordenó decomisar sus bienes

La dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, canceló este lunes la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.

La sede del INCAE en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, indicó que disolvieron el INCAE por no presentar sus estados financieros 2020, 2021 y 2022, asimismo porque detectaron “inconsistencias” en los estados financieros de los períodos 2015-2019.

Además, por incumplir con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.

Asimismo, la cartera de Gobernación, que dirige María Amelia Coronel Kinloch, acusó al INCAE de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, “ya que, al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acordes a sus objetivos o fines”.

En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles del INCAE, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua, lo que permitirá al régimen de Ortega hacerse con el control de su sede.

El INCAE, con sucursales en Costa Rica y Nicaragua, se define “como la mejor escuela de negocios en América Latina” y que “ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana a través de la formación de talento de líderes regionales por medio de las Maestrías y Programas Ejecutivos”.

“Por más de cinco décadas, se ha trabajado junto a empresas, organizaciones internacionales y profesionales del más alto calibre para resolver problemas, desarrollar capacidades y prepararlos para responder a las demandas del futuro”, explicó esa escuela de negocios en su página web.

La ONU enmarca el cierre indiscriminado de organizaciones dentro de la escalada represiva emprendida por Ortega a raíz de las protestas de 2018. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que sólo en 2022 el régimen anuló la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y clausuró más de una veintena de medios de comunicación.

Un informe del Grupo presentado por su director, el alemán Jan- Michael Simon, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”. Se trata de la última actualización del Grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

Semanas atrás, la dictadura ordenó confiscar la vivienda de opositores nicaragüenses a los que desterró, entre ellos la escritora y poeta Gioconda Belli, de nacionalidad chilena.

La medida también afectó al hijo de la escritora, Camilo de Castro, así como a otros críticos con el régimen de Ortega, como el escritor Gonzalo Carrión, la cineasta Leonor Zúniga, el defensor de Derechos Humanos, Moisés Hassán, o el ex canciller Norman Caldera, según informó el diario La Prensa.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró la reelección para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

(Con información de EFE)