Laura P. Gutiérrez
Bruselas, 13 may (EFE).- Bélgica, que ya se convirtió en 2022 en el primer Estado europeo -y el segundo del mundo- en despenalizar la prostitución, ha dado un paso más al aprobar su Parlamento que los trabajadores sexuales puedan tener contratos laborales con acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o maternidad y pensiones.
"El trabajo sexual es un trabajo (...) Las trabajadoras sexuales también somos personas. Necesitamos y merecemos la misma protección laboral y derechos como cualquier otra persona que trabaje en un restaurante o en una fábrica", cuenta a EFE Mel (29 años), trabajadora sexual en Amberes (Bélgica) desde hace siete años.
El Parlamento federal belga aprobó recientemente la primera ley laboral para los trabajadores sexuales del país, en su mayoría mujeres, lo que le concede acceso a la seguridad social (derecho a vacaciones anuales, bajas por enfermedad, maternidad o compensación por desempleo y pensiones) al tiempo que impone condiciones de acceso a la profesión.
En 2022, Bélgica ya se convirtió en el primer país europeo y el segundo del mundo -Nueva Zelanda lo hizo en 2003- en despenalizar la prostitución.
Esta reforma puso fin a la penalización a "terceros" -no a los empleadores-, introduciendo así una legalización gradual donde las trabajadoras sexuales solo podían ejercer como empleadas autónomas.
Hasta ese momento, cualquier persona que prestase un servicio a trabajadoras sexuales a cambio de una remuneración (contables, conductores, asesores legales, propietarios de habitaciones, etc.) podía ser procesada por un delito.
La nueva ley reconoce un contrato laboral para quienes deseen ser empleados por otra persona y ofrece garantías al permitir, por ley, rechazar ciertos actos sexuales o a clientes sin que sea un motivo de despido, así como poner fin al contrato de manera inmediata sin repercutir en sanciones.
También, cualquier persona que cuente con antecedentes penales no podrá emplear a trabajadoras sexuales.
Mel, quien empezó a ejercer a los 23 años por motivos económicos, considera esta ley “un gran progreso” para la protección de las trabajadoras sexuales empleadas, como fue su caso.
"A los 27 empecé a trabajar en una 'casa privada', como lo llamamos en Bélgica. Tenía la sensación de que tenía que hacer a cada cliente para mi jefe y estábamos obligadas a hacer algunos actos sin protección. No había discusión sobre ello. Lo hacíamos o nos íbamos a casa", recuerda Mel.
Pese a las dificultades para disponer de cifras certeras, desde el Sindicato Belga de Trabajadores Sexuales (Utsopi) afirman a EFE que solo esta organización está en contacto con cerca de 7.000 trabajadores sexuales en todo el país, de los cuales el 90 % son mujeres, "gran parte" inmigrantes y donde la mayoría se ven abocados a ejercer por situaciones de precariedad económica.
El máximo responsable de Utsopi, Daan Bauwens, rememora en una entrevista a EFE la situación que vivieron las trabajadoras sexuales en 2020, año de la pandemia de la Covid-19, cuando "de la noche a la mañana" miles de ellas no pudieron percibir ningún tipo de subvención "como era posible en los demás sectores".
"Y no estamos diciendo, en absoluto, que el trabajo sexual sea un trabajo como cualquier otro, pero necesita ser reconocido legalmente como un trabajo solo para poder poner a las personas bajo la protección del mismo sistema", destaca Bauwens.
Señalan que desde el terreno se encuentran con trabajadoras sexuales "atrapadas" en su actividad.
"Vemos a mujeres trabajando hasta los 69 años porque no tienen derecho a pensión, a mujeres trabajando hasta el octavo mes de embarazo porque no tienen baja de maternidad o mujeres que siguen trabajando en esto porque no existen prestaciones por desempleo", destaca Bauwens.
Así las cosas, el responsable considera que ahora que existirán "empleadores reconocidos" dará lugar a circuitos legales donde sus derechos serán defendidos.
Por su parte, Katharina (36 años) empezó a ejercer como trabajadora sexual a los 29 años, siete haciéndolo de forma autónoma, y piensa que la nueva ley "saca a la luz" a los proxenetas que explotan a trabajadoras sexuales, mientras que la abolición “obligaría a incurrir en el trabajo sexual por circuitos clandestinos sin protección".
El futuro se desdibuja al hablar de la aplicación de la ley. En Utsopi reconocen que las últimas reformas penales no fueron respetadas: "Esto es en lo que trabajaremos de ahora en adelante, pero costará cerca de cinco años ver qué repercusiones reales ha tenido esta ley", zanja Bauwens. EFE
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