Pedido de pensión de Alberto Fujimori: voceros de Dina Boluarte dan distintas versiones sobre la posición del Gobierno

Los principales voceros del Gobierno de Dina Boluarte han brindado versiones distintas a los medios de comunicación sobre la posición oficial del Poder Ejecutivo sobre el pedido de pensión del exdictador Alberto Fujimori.

Fredy Hinojosa, quien fue designado recientemente como vocero del despacho presidencial, manifestó en conferencia de prensa que como esta solicitud es un tema que ha sido tramitado ante el Congreso de la República, ellos no emitirán una opinión respecto al tema. “(Somos) respetuosos de la división y autonomía de poderes”, indicó.

Sin embargo, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, tuvo una posición diferente. Desde su perspectiva, será el Gobierno el que determine si corresponde el otorgamiento de la pensión.

“Desde ya pudo decir que no se puede limitar, hasta donde yo tengo conocimiento, la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda. Más bien, si la deuda existe, la recomendación sería que esta se cumpla naturalmente porque constituyen reparaciones civiles”, aseveró.

De esta manera, todavía queda en incógnita cuál es la postura oficial de la gestión de Boluarte sobre la controversial solicitud del exmandatario.

Como se recuerda, Alberto Fujimori pidió al Estado peruano una pensión mensual de S/ 15.600, asistente personal, tarjetas de beneficios y vales de gasolina. El caso se encuentra actualmente en la Mesa Directiva del Parlamento, desde el 26 de enero de este año.

Los legisladores peruanos han mostrado posiciones divididas, debido a que el líder histórico de Fuerza Popular mantiene una deuda por reparación civil de 57 millones de soles, derivada de condenas por el allanamiento irregular a la vivienda de su exasesor, Vladimiro Montesinos, el pago indebido de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a Montesinos, y la compra irregular de Cable Canal.

Entre los antecedentes que se están considerando se encuentra la situación del expresidente Pedro Castillo, quien, luego de intentar un golpe de Estado en el 2022, también solicitó una pensión como expresidente.

Sin embargo, esta fue denegada con base en lo estipulado en la Ley N.º 26519, la cual establece que cualquier exmandatario, acusado constitucionalmente por el Congreso, queda inhabilitado de recibir este beneficio hasta que una sentencia judicial declare su inocencia.

Este criterio, aplicado al caso de Fujimori, quien fue acusado y condenado por corrupción y violación de derechos humanos, invalidaría su solicitud.

Actualmente, existe controversia sobre la demora de la Oficialía Mayor en emitir una respuesta al otrora jefe de Estado, en contraste con la resolución más rápida en el caso de Castillo. Las implicaciones de esta decisión son significativas, no solo para Fujimori, sino también para el precedente que se va a generar respecto al tratamiento de figuras políticas con historiales de corrupción y violaciones de derechos humanos en el Perú.

Los únicos expresidentes que reciben pensión son Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, aunque se encuentran enfrentando procesos judiciales.

Por el contrario, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, quien está inhabilitado por el caso ‘Vacunagate’, están excluidos debido a interpretaciones legislativas y sanciones aplicadas.