Congreso promulga ley que elimina el uso del lenguaje inclusivo de textos escolares y documentos públicos

Este viernes 19 de abril, el Congreso de la República promulgó una reciente modificación a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley 28983), la cual afecta directamente el uso del lenguaje inclusivo en todas las entidades del sector público.

Dicha actualización, registrada bajo la Ley 32003, iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), conocida por sus posturas en contra del enfoque de género, ha sido oficialmente publicada en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano en la fecha de hoy.

La eliminación del lenguaje inclusivo en la legislación peruana generó rechazo, por lo que el Poder Ejecutivo presentó observaciones al respecto; sin embargo, el Parlamento Nacional mantuvo su postura y procedió a insistir en la aprobación de dicha norma.

Esto culminó en la promulgación de la ley, lo que marcó un retroceso en la promoción de la igualdad de género en el ámbito gubernamental.

La iniciativa había sido implementada con la finalidad de asegurar la inclusión y representación equitativa de todos los géneros en el lenguaje utilizado dentro del sector público, así como en los textos escolares.

La modificación se centra en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el que se coloca ahora que “el uso de lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres”.

Debido a ello, se resalta que no hay obligación de hacer dicha distinción “cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos” géneros.

Debido a esta decisión, se tendrá ahora que rescribir los textos escolares, puesto que la norma está enfocada en la modificación de los libros y documentos públicos, entre los que se encuentran los comunicados estatales, etc.

La propuesta de Jaúregui fue aprobada el último 14 de septiembre, con un total de 78 votos a favor, 21 en contra y cinco abstenciones. Además, fue exonerada de segunda votación, ya que obtuvo 76 votos favorables, 20 en contra y seis abstenciones.

La decisión del Congreso de insistir en la implementación de estas modificaciones se suma a una serie de proyectos de ley que atentan contra el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes, entre los que se encuentran las iniciativas que atentan contra la Educación Sexual Integral y las que podría obstaculizar el acceso a la interrupción terapéutica del embarazo.

Frente a este complicado panorama, diversas entidades y asociaciones se han pronunciado en contra de las nuevas iniciativas. Una de ellas fue la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, red de 78 organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos.

Por su parte, la organización feminista Manuela Ramos indicó que no habrá prohibición que pueda evitar que las mujeres ocupen espacios públicos. “Las mujeres existimos y tenemos el derecho a ser nombradas. Hagamos política y defendamos nuestro derecho a un mundo más igualitario”, instó.