La Constitución y el desafío de su vigencia

Es el máximo instrumento normativo que establece cómo debe funcionar el Estado, sustentado en la división de poderes, donde estos pueden y deben controlarse. Es el contrato social por el cual se limita al poder en el que el pueblo deposita sus esperanzas e ideas de bienestar

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La Constitución Nacional de 1853
La Constitución Nacional de 1853

Este 1º de mayo se conmemora un nuevo aniversario de la sanción de nuestra Constitución Nacional, y los argentinos debemos reflexionar y celebrar esos 171 años de su vigencia, porque allí se encuentran plasmados los principios y valores que hicieron de nuestro pueblo una nación democrática, moderna, pionera en los derechos y garantías para sus ciudadanos, y un espejo en el que se reflejaron muchos países para encontrar su propio camino de esperanza y progreso.

Hoy, desde una tribuna imaginaria, nos hablan e invitan a dar la “batalla cultural”, la cual -a mi entender- tiene sentido cuando el debate tiene como marco primordial el de respetar y hacer cumplir las reglas establecidas en nuestra carta fundamental, y no como ha sucedido gobierno tras gobierno, en donde pareciera que la Constitución es la letra chica de un contrato que nadie lee, pero que en este caso su incumplimiento afecta la convivencia de una comunidad y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas.

Su vigencia y necesidad como factor de ordenamiento de una sociedad queda claro a través de las palabras de Benjamín Gorostiaga -considerado el verdadero autor del proyecto constitucional-, cuando advertía que: “…la sanción de la Constitución es urgente y que los pueblos reclaman con exigencia; porque la Constitución es el más poderoso elemento de pacificación para los pueblos; el único recurso que nos queda para establecer el orden, y salvar a la Confederación de la disolución y la anarquía”.

Ya en el debate constituyente, el representante Benjamín Juan Lavaisse dejó en claro el sentido y la importancia del texto, por cuanto la Constitución ilustrada y liberal, que era el proyecto que se debatía en aquel momento, no podía ser reemplazada por una “…dictadura irresponsable, en la manifestación de los pueblos nuestro mandante, que les ofrecemos, una vez de un gobierno riguroso y fuerte por la razón, por la ley y por la justicia, algún gobierno despótico, armado de la suma del poder; burlando de este modo la esperanza y el vehemente deseo de los pueblos, para recibir cuanto antes la ley fundamental, que asegure la prosperidad y el engrandecimiento de la República”.

Con estos fundamentos es que debemos entender a la Constitución Nacional como la mejor garantía para la libertad de una comunidad, la democracia y el sostén de los principios republicanos. En ella descansa la soberanía del pueblo, y en ese acto fundacional nuestro texto fundamental expresó todos los principios liberales y republicanos que recorrieron nuestra historia, desde 1810 hasta 1852.

Es el máximo instrumento normativo que establece cómo debe funcionar el Estado, sustentado en la división de poderes, donde estos pueden y deben controlarse. Es el contrato social por el cual se limita al poder en el que el pueblo deposita sus esperanzas e ideas de bienestar. Y, volviendo a ese 1º de mayo de 1853, Gorostiaga decía: “Nos han mandado a darles una carta fundamental que cicatrice las llagas y les ofrezca una época de paz y orden; que los indemnice de tantos infortunios, de tantos desastres”.

La Constitución es, ni mas ni menos, un auténtico instrumento de desarrollo a través de la conformación de una verdadera república. Es el conjunto de reglas de competencia con las que se organiza el poder y se fijan las libertades de las personas para que funcionen en equilibrio en una relación armoniosa entre ambas partes y también reglamenta los mecanismos para poner un freno a cualquier intento de alterar dicho contrato social.

En ese compromiso, el de dar certidumbre, progreso y seguridad al cuerpo social, residen su importancia y grandeza.