Los funcionarios apremian a Escrivá para que apruebe su jubilación parcial: unos 4.000 empleados públicos ya acceden a ella

El Gobierno tiene varios frentes abiertos para reformar la modalidad parcial de acceso a la jubilación, aquella que permite cobrar parte de la pensión trabajando a jornada reducida y a la que la mayor parte de las personas se adhieren de manera anticipada, es decir, antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación (que llegará a los 67 años en 2027). Se trata de un tipo de retiro que tuvo cierta popularidad en España hasta 2012, pero que las reformas legislativas aprobadas en la época de la crisis financiera limitaron o incluso eliminaron para ahorrar gasto público, por lo que se ha reducido su uso.

Los compromisos del Ejecutivo para extender la jubilación parcial a todo tipo de trabajadores están en el BOE, uno en la reforma de las pensiones de 2023 referida a los trabajadores del sector privado y otro en el Acuerdo Marco de 2022, según el cual se permitirá esta modalidad a todos los empleados públicos. Actualmente, solo el personal laboral del sector público puede acceder a la jubilación parcial, por lo que los principales sindicatos piden al ministro competente en Función Pública, José Luis Escrivá, avanzar ya en las modificaciones.

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Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, recuerda que Real Decreto-Ley 20/2012 derogó la jubilación parcial para los funcionarios y el personal estatutario, algo que tilda de “anacronismo” porque en torno al 80% de ellos ya cotizan en el régimen general de la Seguridad Social y “no parece lógico que no tengan los mismos derechos”. Desde la cartera de Escrivá afirman que “tenemos que ir hacia un modelo de jubilación flexible en la Administración” similar al de los trabajadores del sector privado y en el que “haya incentivos adecuados para los distintos modelos (jubilación parcial, activa, anticipada y demorada)”.

Indicen especialmente en esto último y en que las negociaciones ya han comenzado sin dar una prioridad especial a la jubilación parcial, aunque es la más demandada por los sindicatos. “Es uno de los temas más importantes que están sobre la mesa”, resalta Lacuerda, aunque admite que “puede que no se resuelva este año” dados los escasos avances por los periodos electorales hasta junio. El sindicato señala además que el objetivo no es solo recuperar la regulación anterior a la reforma de 2012, sino “ir más allá y desarrollar el procedimiento”.

La jubilación parcial de los funcionarios se plantea como una vía para rejuvenecer las plantillas de todas las administraciones, por ejemplo, en torno al 20% de los empleados públicos estatales se jubilará en los próximos cinco años. Además, si la jubilación parcial es anticipada requiere de un contrato de relevo para que otro trabajador ocupe el puesto de la persona que se retira, lo que da la oportunidad de entrada a alguien más joven. No obstante, UGT considera que esta condición supone limitaciones, por lo que sugiere modificarla: “vamos a necesitar una regulación específica de acuerdo con las características del empleo público”.

Isabel Araque, secretaria de acción sindical de UGT, explica que aunque las jubilaciones parciales anticipadas se están llevando a cabo entre el personal laboral, estas dependen mucho del ámbito de trabajo porque no es posible acceder a esta modalidad si no se encuentra a un relevista. “En la jubilación parcial anticipada incide muchísimo el sitio donde estés y la oferta y la demanda que haya”, señala. En las administraciones donde se convocan muchas plazas apenas hay relevistas, pero “en lugares donde la oferta es menor, el interés es mayor”.

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UGT estima que unos 4.000 empleados públicos (personal laboral) acceden a la jubilación parcial y que pertenecen mayoritariamente a los ayuntamientos, suponiendo la mitad del total. Esta cifra está en consonancia con los datos de contratos del SEPE de 2023 para los tres sectores donde más peso tiene el empleo público (administración pública, educación y sanidad), en los que se registraron un total de 6.462 contratos de jubilación parcial. Se trata de una cifra elevada en comparación con el total de contratos de jubilación parcial, el 26,8%, aunque donde más incidencia tiene esta modalidad es en la industria, con un 35,9%, debido a la regulación específica más ventajosa de la que dispone.

Las negociaciones de los sindicatos y las patronales con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar la jubilación parcial de los sectores privados están en un estadio similar. Aunque ya se han intercambiado borradores, las impresiones no coinciden y se volverán a reunir el próximo lunes 13 de mayo.

Tanto UGT y CCOO como ATA han rechazado la propuesta del ministerio por suponer “un recorte” que hace menos atractivo el acceso a la jubilación parcial. Cabe recordar que precisamente esta y la jubilación anticipada fueron las dos modalidades que se quedaron fuera de la reforma de las pensiones de 2023 por falta de consenso. La necesidad de equilibrar las pretensiones de la parte social con no elevar más el gasto en pensiones hacen que el acuerdo se antoje lejano, al igual que en el sector público.