Vivienda promete que extenderá la suspensión de los desahucios tras el órdago de Podemos

Los morados vincularon la moratoria antidesahucios a su apoyo al Ejecutivo en la Cámara Baja. La medida, aprobada por Mariano Rajoy en 2013, vence el próximo 15 de mayo

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (Carlos Luján/Europa Press)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (Carlos Luján/Europa Press)

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana trabaja en una alternativa para evitar que decaiga la suspensión de desahucios a deudores hipotecarios. La medida, aprobada por Mariano Rajoy en 2013 y modificada en varias ocasiones para extender las suspensiones, vence el próximo 15 de mayo. Aunque el PSOE y Podemos pactaron en enero una nueva extensión de la moratoria hasta 2028, la iniciativa todavía no ha visto luz verde en el Congreso a menos de una semana para que venza el plazo, lo que motivó un órdago de los morados al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los de Ione Belarra vincularon la prórroga de la suspensión de los lanzamientos a su apoyo al Ejecutivo en la Cámara Baja al no tener garantías de que el Consejo de Ministros vaya a aprobar esta prórroga. En este sentido, fuentes del ministerio que dirige Isabel Rodríguez confirman a Infobae España que “están trabajando para dar una solución” a este compromiso. “No se va a quedar sin resolver”, sostienen estas voces, que evitan precisar la fórmula para mantener con vida la medida otros cuatro años más.

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En el marco de la votación del decreto anticrisis en el Congreso a mediados de enero, el Gobierno salvó in extremis su convalidación tras pactar con Podemos la suspensión hasta 2028 de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias. Asimismo, los socialistas se comprometieron a introducir esta medida durante la tramitación parlamentaria del real decreto como proyecto de ley en un máximo de seis meses, antes de que venciera la vigencia de la ley.

Sin embargo, la norma todavía se encuentra en fase de Informe en la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja. El hecho de que aún le falta por superar este y el resto de trámites pendientes en el Congreso y el Senado, la modificación en menos de una semana de la Ley 1/2013 se vuelve imposible. Por ello, Podemos urgió al Gobierno a buscar un plan B, una respuesta que todavía no ha llegado.

No obstante, aunque Vivienda tiene claro que no dejará caer esta moratoria, no especifica si la medida llegará antes del 15 de mayo, es decir, si se aprobará la prórroga en el Consejo de Ministros del próximo martes, o después de esta fecha, pero con carácter retroactivo. “No se va a quedar sin resolver”, enfatizan fuentes cercanas a la titular de Vivienda.

¿En qué consiste la medida?

Tanto Podemos como el PSOE registraron dos enmiendas similares al proyecto de ley que se tramita actualmente en la Cámara Baja. En esencia, la medida se basa en una modificación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social para prohibir los lanzamientos “hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta Ley”, en lugar de los “once años” de moratoria actuales.

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“Hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo”, rezan las enmiendas, que buscan extender la prórroga hasta 2028.

Dentro de los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados en la ley destacan las familias numerosas, las moroparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que exista una víctima de violencia de género; y en las que el deudor mayor de 60 años.

Decenas de personas se concentran ante la sede de Intrum en Madrid para exigir el fin de los desahucios.

Además de estos supuestos, para que se aplique la suspensión del lanzamiento, se deben concurrir unas circunstancias económicas determinadas: que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 14 pagas. En algunos casos, dicho límite será de cuatro o cinco veces.

El Gobierno se compromete a prorrogar la medida, pero en Podemos avisan que estarán alerta después de amenazar con retirar su apoyo a Sánchez en el Congreso si no se lleva a cabo dicha prórroga. “Si en algo tan sensible, no cumple, ¿qué garantías tiene Podemos de que va a cumplir el resto de acuerdos?”, se planteó el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, amagando con la retirada del apoyo de los cuatro diputados morados al Gobierno de coalición, con debilidad parlamentaria en el Congreso.