El Gobierno avisa que llevará al Constitucional la derogación de la ley de memoria de Aragón ante el portazo a una reunión bilateral

El Gobierno irá al choque con aquellas comunidades gobernadas por PP y Vox que han impulsado las denominadas leyes de concordia, como Aragón, Comunidad Valenciana, y Castilla y León, para suprimir las normas de memoria democrática. En el caso de la primera, el Ejecutivo ha activado el conocido artículo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional para intentar que el Gobierno de Jorge Azcón revise la supresión de la ley memorialista autonómica y evitar ir al tribunal de garantías.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes la convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y Aragón para abordar esta polémica derogación, una petición que, a falta de respuesta formal, el propio presidente aragonés, el popular Azcón, ya ha avanzado que rechazará. En este sentido, Torres ha avisado que, de no producirse estos contactos en el plazo estimado, el Gobierno central acudirá al Constitucional.

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No obstante, Ángel Víctor Torres ha confiado en que el Gobierno aragonés admita ir a la reunión bilateral y vuelva “al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de víctimas de la dictadura”. ”Si no fuera posible porque se negara el Gobierno de Aragón, seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional y cualquier otra institución que preserve los derechos humanos”, ha añadido.

La aplicación del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional forma parte del trámite ordinario, abriendo un plazo de seis o siete días para que esta comunidad autónoma responda. Si finalmente rechaza esta petición, como ha avanzado Azcón este martes en unas declaraciones recogidas por EFE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene de plazo hasta el 27 de mayo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

”Apelo a que el PP, por mucho que Vox se lo exija, haga lo lógico: sentarse en una mesa para que se responda a lo que han dicho las Naciones Unidas”, ha señalado Torres en alusión al contundente comunicado de la ONU contra las Leyes de Concordia impulsadas por la coalición del PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunitat Valenciana. En el caso aragonés, el Ejecutivo autonómico derogó la ley de memoria y trabaja en un “plan de concordia”, mientras que la Comunidad Valenciana y, Castilla y León han impulsado proposiciones de ley denominadas de “concordia”, aunque todavía están pendientes de aprobación.

De esta manera, Torres ha informado también de que el Gobierno envió este lunes a los presidentes autonómicos de estas comunidades y a los presidentes de sus parlamentos regionales una comunicación con el informe de los tres relatores de la ONU. En concreto, el texto fue elaborado de manera conjunta por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

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En su contundente informe, este organismo concluye que las llamadas leyes de concordia “vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulnera los estándares internacionales y Tratados internacionales suscritos por España”. Asimismo, este organismo señala que la violación a los DDHH detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa.

“Trasladada esta advertencia, el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas”, señalaron entonces fuentes de Moncloa. Este informe responde a la iniciativa del Gobierno de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.

Ante la previsión de que el Ejecutivo convocara la reunión bilateral, Jorge Azcón la ha rechazado este martes por “electoralista”. “El Gobierno de Aragón no está para que intenten tomarnos el pelo desde el Gobierno de España”, ha sostenido. Aunque ha evitado decir con claridad que el ejecutivo autonómico no acudirá a ese encuentro, el presidente popular ha acusado al PSOE de “resucitar a Franco” siempre que hay elecciones y al ministro Torres de no querer dialogar.