La lista de empresas públicas que se podrán privatizar, según lo establece la Ley Bases

Con el voto positivo de 138 diputados, la Cámara Baja aprobó el capítulo de la Ley Bases que habilita la posible privatización de una serie de empresas que tienen participación del Estado. Según el texto definitivo, y aunque restaría aún el aval del Senado, las empresas que podrían ser privatizadas son las siguientes:

• Aerolíneas Argentinas
• AYSA
• Energía Argentina
• Radio y Televisión Argentina
• Intercargo
• Correo Argentino
• Belgrano Cargas
• Ferrocarriles Argentinos
• Corredores Viales

Mientras tanto, otras dos, como Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían ser parcialmente vendidas al sector privado.

La ausencia más llamativa del listado fue la del Banco Nación, que el Gobierno decidió quitar a pedido de la oposición dialoguista y para que el dictamen de mayoría alcanzado la semana pasada tenga un mayor respaldo.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno no abandonó la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros, y adelantó que la idea que tienen es el modelo del Banco de Brasil que, afirmó, impulsó Lula en su primer mandato como presidente.

“Hay varios sectores de la política argentina que consideran al Banco Nación como un estandarte de empresa pública. Nosotros no lo entendemos muy bien y es un debate que vamos a dar de todas maneras, no lo dejamos de lado”, dijo Francos.

La ley “Ómnibus” original enviada por Javier Milei al inicio de su gestión, bautizada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, incluyó entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado.

“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se sostiene en el texto.

En aquel momento, incluyó un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacaban YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras.

Según relevamiento de Infobae, la gran mayoría de las mencionadas son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022, como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, de acuerdo a la Fundación Libertad.

La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados minutos antes de las 9 de la mañana con 142 votos afirmativos (106 en contra), gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).

Sin embargo, la aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.

Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Sin embargo, la curiosidad fue la presencia al momento de la votación de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).

Para no repetir los mismos errores que llevaron al fracaso del primer debate en febrero, el oficialismo logró imponer que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo, y sin ningún cuarto intermedio. “Quieren hablar poco para que pase rápido, para que el tratamiento sea el más oscuro y menos transparente posible”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.