A 40 días del plazo establecido por el DNU: qué pasa con la transformación de los Registros del Automotor

Mientras la política argentina debate temas como la coparticipación federal, ganancias, jubilaciones y ley de defensa como urgencias de la coyuntura, otros temas van quedando relegados a pesar de tener plazos próximos de resolución. Uno de ellos es el de la simplificación y desburocratización del sistema registral de automotores, uno de los puntos del DNU que el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el pasado 22 de diciembre, y que atraviesa semanas claves tras ser rechazado en el Senado y debe esperar el dictamen en Diputados para ser confirmada su validez total que todavía tiene vigencia.

El artículo 364, último del extenso DNU de Javier Milei, establecía como cláusula transitoria, que “la Dirección Nacional (de Registro Automotor) deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024″. A sólo 40 días de esa fecha límite, no se han tenido noticias de la transformación, menos aún luego del incendio que afectó el Data Center del DNRPA el sábado pasado y que mantuvo sin trámites registrales al sistema nacional hasta este miércoles inclusive.

Oficialmente, desde el Ministerio de Justicia explican que se está trabajando con la digitalización de trámite de inscripción de vehículos, algo que fue anunciado en noviembre de 2023 como novedad para diez de los 1.554 registros existentes y que ahora se está extendiendo a todo el país. Además, aseguraron que “estamos trabajando en la eliminación de costos y su abaratamiento. Se están inspeccionando las Seccionales que están intervenidas con la intención de reducirlas y dividirlas en otros registro existentes y se está haciendo una nueva unidad de inspección que dependerá exclusivamente del ministerio”. En cuanto a la fecha del 2 de mayo, fuentes oficiales señalaron que “posiblemente se llegue con la puesta en marcha del trámite digital”.

Mientras tanto, el 13 de diciembre de 2023, apenas unos días antes de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, la diputada Patricia Vázquez, había presentado un proyecto de ley propio que buscaba la eficiencia del sistema registral de automotores aunque con una profundidad mayor. Estos dos caminos paralelos que recorren el gobierno y la legisladora del PRO, buscan terminar con lo que para ambas partes es una “caja política” y un sistema que encarece y burocratiza las operaciones para los ciudadanos.

“Si no vamos hacia un registro único digital nacional como lo estoy describiendo yo en mi proyecto, que sea completo, muy seguro, con QR incorporado, con la interacción de todos los datos que requiere el registro como denuncias de robo, embargos, y toda la base de datos que necesita un comprador para hacer una operación segura, de nada sirve que digitalicemos”, dijo Patricia Vázquez a Infobae.

“Digitalizar ya se hizo en 2015 y sigue siendo un híbrido. La digitalización es interesante pero es incompleta, porque lo que hay que hacer es eliminar todo el enjambre de la PyME política que hay entre el ciudadano, con ACARA, los titulares de los Registros, la Cámara de Comercio Automotor (CCA), y todo el sistema de burocracia y curro de la política, no solucionamos nada. Si al ciudadano de a pie, le damos la posibilidad de hacer un ‘click’ en un sistema digital pero se mantenga el resto del sistema como está actualmente, ese ‘click’ va a pasar por el mismo lugar y el trámite le va a seguir costando lo mismo”, enfatizó.

El proyecto de la diputada Vázquez plantea en esencia un arancel único y no en relación con el valor del vehículo; una patente única relacionada con la persona y no con el vehículo, de modo que se evitan costos innecesarios y se mantienen las deudas e infracciones siempre y no están ligadas a un automóvil. Pero Vázquez dice además que con este proyecto “se estaría eliminando completamente el sistema obligatorio de VTV (Verificación Técnica Vehicular) y de grabado de autopartes”.

Ante la realidad de una fecha que se aproxima sin que haya señales de estar trabajándose en la reforma propuesta por el DNU de parte del Ministerio de Justicia y la DNRPA, el proyecto parlamentario de la diputada del PRO pareciera ser el que mayores posibilidades tenga de generar el cambio.

“Por supuesto que yo estoy interactuando con el gobierno. Estuve con ellos, con el Ministerio de Justicia y el propio Poder Ejecutivo, tratando de encontrar la manera más rápida pero a la vez más sustentable en el tiempo para hacer este cambio. Por otro lado, mi proyecto presentado el 13 de diciembre tiene estado parlamentario, tiene pase a tres comisiones, la Comisión de Justicia, la Comisión de Legislación General, y la Comisión de Comunicación”, dijo Vázquez.

“Esto se va a empezar a tratar, entiendo, apenas termine el feriado de Semana Santa, cuando se constituyan las comisiones de Justicia y de Comunicación que aún no se constituyó, se están constituyendo diariamente todas las comisiones, de hecho la de Legislación General ya está constituida, y las otras seguramente estarán para los primeros días de abril”, indicó la legisladora.

“Una vez constituidas las comisiones mencionadas, el proyecto de ley va a tener tratamiento, y así empezar a dar el mensaje concreto de estar avanzando en el sentido de lo que venimos proponiendo. Sin dudas, el gobierno tiene la intención de desburocratizar y eliminar todas las trabas, están viendo la manera de desarticular todas las cajas que maneja ACARA, la CCA y los titulares de los Registros. Estamos todos en ese avance. La gente tiene que tener claro que tarde o temprano, esto lo vamos a eliminar”, dijo Vázquez.

Actualmente, los autos pagan entre un 4,5 y un 6% del precio de venta al momento de cambiar el nombre de su titular. Ese es uno de los costos que cambiaría si se unifica el costo de transferencia, dejándolo separado del precio del vehículo que es objeto de la operación comercial. Para tomar como referencia, un Toyota Corolla del año 2020, con un valor de $19.434.000 establecido por la tabla de la CCA, tiene un costo de registración de $888.418, entre transferencia por ser importado, arancel número 1, expedición de cédula, expedición de título de propiedad, solicitud de deudas e infracciones, formulario 13 e impuestos o tasas municipales.