Procuradora Margarita Cabello asegura que seguirán las investigaciones por casos de violencia sexual en colegios

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, confirmó la remisión de 40 informes con fines disciplinarios, luego de que funcionarios del Ministerio Público visitaran 181 instituciones educativas el pasado 29 de abril, encontrando 698 casos de acoso escolar/bullying, 171 situaciones de ciberacoso y 179 de violencia sexual.

La apoderada aseguró que en total 191 funcionarios, entre docentes y administrativos han sido destituidos y/o inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país.

Margarita Cabello aseguró que la Procuraduría tiene 237 procesos activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad.

De acuerdo con la procuradora Cabello, la mayoría de los procesos que se encuentran en curso son por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años cometidos presuntamente por docentes que, en algunos casos, aún siguen dictando clases o continúan vinculados a la institución.

Asimismo, Cabello Blanco expresó que la Procuraduría General de la Nación continuará con la vigilancia de las actuaciones de las autoridades competentes en la atención de este tipo de casos, en los que muchas veces refieren los padres de familia, hay omisión o no se activan las rutas y protocolos para atender a menores de edad víctimas de este tipo de violencia.

Por su parte, Viviana Mora, procuradora delegada para los Derechos de Infancia y Adolescencia, se refirió a estas cifras indicando que “resulta preocupante que los datos hallados arrojen que en 66 de estos centros educativos se relacione a docentes como presuntos autores de violencia sexual; y que en 18 colegios reportados no se hayan activado las rutas de atención”.

“Este es un resultado preocupante que requiere de acciones urgentes y contundentes, ya que los espacios educativos deben ser entornos protectores”, puntualizó Mora en medio de su llamado de atención ante la cantidad de casos denunciados en lo corrido del 2024.

Del mismo modo, la procuradora delegada para este tema informó que en 26 instituciones no se cuentan con protocolos para el abordaje de estas violencias y que el 34% de estos centros de educación no han recibido capacitación para el registro de la información.

“Se ha solicitado a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETCE) informar sobre el número de procesos disciplinarios que cursan contra docentes por esta causa y el estado de los mismos”, puntualizó Viviana Mora tras los hallazgos que realizó la entidad.

Es importante precisar que el Ministerio Público recientemente informó que le formuló cargos disciplinarios a un docente del establecimiento educativo El Diviso, sede rural de la Institución Educativa Juan Ignacio Ortiz, del municipio de San José de Albán, en Nariño.

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Los hechos, que habrían ocurrido al parecer entre 2018 y 2019 e incluso con posterioridad, llevaron a la recopilación de testimonios y pruebas documentales que ya se encuentran en poder de Fiscalía General de la Nación.

Según la Procuraduría, la víctima, menor de edad y con problemas de discapacidad, puso en conocimiento de su madre y de su tía los hechos que ahora tienen al profesor respondiendo ante los organismos competentes.

Para la Procuraduría Regional de Instrucción de Nariño, las pruebas indican que el docente habría cometido presuntas conductas atentatorias de la integridad física y sexual de la menor.

El representante del Ministerio Público advirtió que el docente se aprovechó de su posición, cargo y de la discapacidad física de la menor, “quebrantó sus deberes e incurrió en prohibición porque probablemente accedió carnalmente y de forma abusiva a la menor”.

El docente, con 20 años en la institución educativa y contra quien ya cursa investigación penal, responde por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.